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Minoría de edad y consentimiento médico en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre (II)
La regulación del consentimiento médico de menores de edad en la ley básica estatal 41/2002 puede crear confusión por remisión a las preceptos que regulan esta misma figura en otras normas específicas sobre ensayos clínicos, reproducción asistida y aborto, según refleja Sergio Romeo en esta segunda parte de su trabajo. De las distintas disposiciones que arbitran estas materias, se interpreta que los menores no tienen potestad legal para consentir la intervención médica en distintos supuestos como el uso compasivo de medicamentos, las técnicas de reproducción asistida, la donación de sangre, la esterilización y la cirugía transexual, así como el trasplante de órganos. Tampoco podrían, según las distintas normas otorgar voluntades anticipadas o instrucciones previas. Sí pueden, en cambio, según escribe el autor, donar médula ósea, residuos quirúrgicos y progenitores hematopoyéticos. Por otra parte, considera que algunas normas autonómicas (de Cantabria y Valencia) incurren en vicio de inconstitucionalidad en cuestiones como el consentimiento de menores por contravención de la ley básica. Además, destaca que las normas autonómicas previas a ésta que son contradictorias pierden su eficacia por desplazamiento (Navarra, Galicia, y La Rioja) de la ley básica. En sus conclusiones afirma que la relevancia del consentimiento de menores requiere un tratamiento legal específico.
REF. 38/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

La información terapéutica directa al ciudadano (ITDC)
La información directa al ciudadano de medicamentos es una de las recomendaciones que realiza el experto en Derecho Farmacéutico, en atención a los nuevos postulados éticos y normativos, y a la influencia de la jurisprudencia naciente sobre responsabilidad de los productos sanitarios. Algunos principios filosóficos sirven al jurista para aproximar la realidad farmacéutica a la razón social, a la verdadera finalidad terapéutica del medicamento, que es la mejora de la salud a través de la veracidad de la información completa y actualizada al estado del conocimiento científico. Para que la autonomía de la voluntad proclamada por las distintas legislaciones sea efectiva, la información debe ser fidedigna, actualizada y adecuada, y así poder decidir con pleno conocimiento. “Esto no está totalmente resuelto con la información clínica, pero todavía es una quimera en la información terapéutica, en la biotecnología y en el genoma”, dice el autor. Las Directivas europeas recogen la preocupación por accidentes sanitarios como los de Lipobay, dializadores Baxter, Bio-Bac y otros, al establecer nuevas exigencias de calidad en la fabricación de medicamentos de uso humano, pero para Amarilla “no es suficiente, porque la labor de supervisión en los Registros de Medicamentos no tiene una total garantía, como demuestran las equivocaciones continuas de todas las agencias de evaluación de medicamentos existentes, incluidas la EMEA y la FDA”.
REF. 39/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

El Sergas indemnizará a un paciente con parálisis espinal por una linfadenectomía
El Sergas ha sido condenado a pagar 39 millones de pesetas por daños y perjuicios a un paciente que sufre parálisis espinal como secuela de una operación realizada en el Complejo Hospitalario Cristal-Piñor, de Orense. La intervención llevada a cabo fue una linfadenectomía modificada o funcional, que tenía por objeto la extirpación de un bloque tumoral, preservando y respetando el músculo esterno-cleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal. 

Como consecuencia de la operación el demandante sufre una parálisis por la que fue declarado minusválido con una disminución orgánica y funcional del 43 %. 

La Sala estima que los riesgos de esta operación no comprendían la afectación del nervio espinal, que resultó dañado por una conducta negligente o descuidada del codemandado. De este modo, queda probado la existencia de una relación de causalidad entre la conducta activa del cirujano y las secuelas producidas, por lo que su conducta se considera negligente.

Por estos motivos, el Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de 18 de octubre de 1997, desestima el recurso del Sergas e impone el pago de las costas a la entidad recurrente.
REF. 40/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

La reintervención sin éxito presume 
la culpa médica si hay daño exagerado
El Tribunal Supremo ha condenado a la aseguradora Previasa a pagar una indemnización de 3.268.528 pesetas a un farmacéutico por incumplimiento de un contrato de arrendamiento de servicios para la toma de muestras y análisis clínicos.

El origen del conflicto, tal y como lo definen los hechos declarados como probados, surgió al hacer constar la aseguradora en la publicidad de su cuadro médico otro laboratorio de análisis clínicos distinto del del demandante, con quien llevaba nueve años de relación contractual.

Primero se intentó la conciliación en el Colegio de Médicos provincial, sin llegar a un acuerdo, por lo que la jurisdicción ordinaria interpreta después que Previasa incumplió el contrato de servicios de análisis clínicos. Las dos partes suscribieron un contrato de una duración de cuatro años, con prórrogas tácitas de igual periodo de tiempo. Tras nueve años de contrato sin que hubiese surgido conflicto alguno, Previasa decidió suspender la relación comunicando al actor que ya no realizaría los análisis clínicos de sus abonados. Tal decisión fue adoptada, según Previasa, para optimizar recursos centralizando los análisis en otro laboratorio de la misma ciudad que la del demandante.
REF. 41/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Oftalmología / Absolución por anotar en la historia clínica que se informó verbalmente
La información verbal cumple con las exigencias legales del consentimiento si consta que se ha cumplido este requisito en la historia clínica o en la documentación hospitalaria mediante una simple anotación, según una relevante sentencia del Tribunal Supremo. Su resolución descarga de responsabilidad a un oftálmologo por una intervención de miopía con complicaciones inherentes a la técnica e inevitables (regresión del efecto corrector conseguido inicialmente, y deficiente cicatrización corneal). A ello contribuyó, según las testificales aportadas por el equipo médico, el hecho de que la paciente no siguiera el tratamiento postoperatorio “que le fue correctamente indicado”. 

La sentencia tiene trascendencia no sólo por la valoración que realiza de la información verbal, sino porque considera que la intervención de miopía no es cirugía satisfactiva, por lo que no se puede exigir una garantía de resultado. Anteriormente, algunas sentencias de tribunales inferiores habían declarado que las intervenciones correctoras de miopía podían considerarse como contrato de obra (ver, por ejemplo, en ADS nº 92 / marzo 2003, pág. 259, una polémica resolución de la Audiencia Provincial de La Coruña que las calificó de cirugía voluntaria, cercanas a un contrato de obra que obliga a obtener el resultado deseado).
REF. 42/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Daño farmacológico grave por negligencia de facultativos al no controlar la administración
El Tribunal Supremo ha condenado al Servicio Vasco de Salud a pagar una indemnización de 40.000.000 de pesetas a un paciente que sufre diabetes crónica irreversible por error grave de facultativos en la administración de Roacutan, medicamento utilizado en tratamientos contra el acné. El joven, de 21 años, fue tratado en el departamento de Dermatología del Centro de Asistencia Primaria Nuestra Señora del Coro, y tras comenzar a consumir el medicamento experimentó una paulatina subida de la glucosa en sangre, con parámetros muy superiores a lo normal para una persona de su edad. La cifra de glucosa anterior a la toma medicamentosa era de 91 mg/ml, y las posteriores analíticas mensuales arrojaron cifras de 109, 157, 281 y 342 mg/ml. A pesar de que se llevó un control del paciente, los resultados de los análisis no se tuvieron en cuenta, y no se cesó el tratamiento hasta que el daño era irreversible. La sentencia lo considera un error especialmente grave al tener en cuenta que la casa farmacéutica advertía que con la administración de Roacutan podían darse casos de diabetes.

Por este motivo, el Tribunal Supremo considera que hay negligencia grave de los médicos y aumenta la indemnización que impuso la Audiencia Provincial de Guipuzcoa de diez a cuarenta millones de pesetas.
REF. 43/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

TEDH / El juez decide en caso de conflicto entre médico y paciente salvo urgencia vital

Ignorar la objeción de la madre de un menor al tratamiento propuesto sin autorización judicial vulnera el artículo 8 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, según una relevante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Esta resolución sienta un precedente judicial trascendente para entender los múltiples efectos del consentimiento cuando la situación del paciente es crítica, y la decisión clínica del equipo médico pueda atentar contra la integridad física y moral, concepto jurídico previsto en el artículo 8 de la Convención.

El TEDH censura la opción de un equipo médico de administrar diamorfina sin consentimiento de la madre a un niño de 12 años con minusvalía física y psíquica severas en situación crítica después de una intervención para aliviar una obstrucción de las vías respiratorias superiores.

Los médicos se empeñaron en administrar diamorfina para aliviar el sufrimiento e incluyeron una orden de no resucitar en la historia clínica sin conocimiento ni consentimiento de la madre.

Orden de no resucitar (DNR)
El tribunal censura la acción de administrar diamorfina sin consentimiento. En un voto particular, el juez español J. Casadevall considera que, además, el tribunal debía haber valorado por separado la decisión de incluir la orden de no resucitar (DNR) en la historia clínica como posible factor agravante de la responsabilidad médica.

Ello ayuda a comprender los escrúpulos, el dolor experimentado por la madre y la resucitación que practicó a su hijo -cuando empeoró de forma alarmante- durante la pelea que surgió entre la familia y los médicos del hospital. De hecho, el coraje de la madre al intentar la tarea de resucitación salvó al niño, que vive en la actualidad.

Derecho a la integridad física
El tribunal considera que la decisión de imponer el tratamiento de diamorfina en contra de la madre, cuando había mostrado su oposición rotunda de forma reiterada, lesionó el derecho a la integridad física y a la vida privada. La negativa continuada de la madre a la diamorfina se manifestó en diversos ingresos posteriores a la intervención, realizada en julio de 1998. Desde el 8 de septiembre -fecha en que se plantea por primera vez el uso de morfina-, hasta el 20 de octubre -fecha en que se empezó a administrar en contra de la voluntad de la madre- hubo tiempo suficiente para haber solicitado una autorización judicial, lo que no hizo el hospital.

Condena por delito de agresiones
Se produjo un enfrentamiento que llegó a los manos por parte de los familiares, llegando incluso los médicos a estar un tiempo de baja para ejercer su actividad por las lesiones causadas. Los familiares, excepto la madre, fueron condenados por un delito de agresiones. 

Según los jueces del alto tribunal, esta situación se podía haber evitado, pues el hospital contó con tiempo necesario para haber solicitado la intervención judicial y adoptar la mejor decisión clínica de forma consensuada entre todas las partes.

Daños morales: 25.000 euros
No haber actuado así, le ha costado al Estado británico 25.000 euros de indemnización, de los que 10.000 corresponden a daños morales al niño y a la madre y 15.000 en concepto de costas y gastos, más intereses legales con un interés marginal de tres puntos si el Gobierno británico tarda más de tres meses en liquidar esta cantidad. Los daños morales responden a la actitud de los médicos, que colocó al paciente en una situación de vulnerabilidad, y a la tensión, ansiedad, angustia, y stress innecesarios para la madre.

La resolución tiene mayor relevancia por cuanto se cruzan múltiples situaciones que merecen ser analizadas por separado. Desde el consentimiento por representación de un menor con incapacidad mental, hasta la corrección ética y deontológica del equipo médico en su actuación al considerar sólo una opción clínica, pasando por la posible responsabilidad criminal de los profesionales sanitarios a la luz de las numerosas resoluciones que cita el TEDH.

Quejas a otras instituciones
Una queja al Consejo General de Médicos, otra a la Policía por la conducta de los doctores, y la solicitud a la Fiscalía de un procedimiento criminal por un delito contra la persona (solicitud que fue rechazada), son algunas de las acciones emprendidas además del recurso al TEDH para defender al paciente, que aún vive (muy posiblemente por la tenacidad de la madre, según se deduce de los hechos relatados). 

Desde el punto de vista ético tiene discusión el encarnizamiento terapéutico en relación con la opinión de los padres, el hecho de que no se hubiera solicitado la opinión del Comité Etico del hospital, y, desde luego, que el equipo no hubiera acudido con tiempo al juez, la única persona con potestad para tomar una decisión al respecto si no hay acuerdo con los padres siempre que haya tiempo para tramitarlo.

Repercusión penal
En el caso In Re A (Siameses) que cita el tribunal, se refleja cómo adoptar una opción terapéutica sin consentimiento puede transferir la responsabilidad al médico, pudiendo resultar culpable de una infracción criminal (F.J. 49).

Una de las consideraciones más relevantes que hace el TEDH es que la prestación del consentimiento es un proceso, no un hecho aislado. 

Los pacientes pueden cambiar de opinión y retirar su consentimiento en cualquier momento. Si hay alguna duda, debe consultarse, siempre, si el paciente consiente que se le aplique cuidado médico y tratamiento” (F.J. 53, Manual de Ayuda sobre Consentimiento del Departamento de Salud del Gobierno Británico).

La legislación y la jurisprudencia aplicada para el mejor discernimiento del caso ha sido profusa. Desde la Convención para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales hasta el Convenio de Biomedicina de Oviedo, pasando por las recomendaciones del Consejo General de Médicos, de la Asociación Médica Británica (sobre el mantenimiento y retirada del tratamiento médico), del Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil, las Guías de Referencia sobre Consentimiento y el Manual de Ayuda sobre Consentimiento del Departamento de Salud, las Directrices de la Asociación Médica Británica y el Colegio Real de Enfermería (Consejos de Resucitación), y la Circular sobre Resucitación del Departamento de Salud.

Protección de personas incapaces
Conviene destacar la aplicación del artículo 6 del Convenio de Biomedicina de Oviedo, en el que se refleja la protección de las personas incapaces en orden a obtener el consentimiento del representante, autoridad, persona u organismo legitimado por la ley. Varias resoluciones judiciales sobre rechazo al tratamiento (ver referencias al final de la sentencia) han sido tenidas en cuenta para declarar la obligatoriedad de solicitud inmediata de intervención judicial en supuestos como el enjuiciado en el que no hay acuerdo.
REF. 44/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

No se pueden homologar títulos argentinos sin práctica profesional remunerada
El Tribunal Supremo ha denegado el derecho a la homologación del título a un médico especialista en Cirugía Plástica y Reparadora natural de Argentina, que lo obtuvo en su país, obligándole a realizar una prueba teórico-práctica de validación.

La Sala estima, de esta manera, el recurso interpuesto por la Administración del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que sí había reconocido al demandante este derecho. El alto tribunal afirma que la sentencia de instancia infringe el principio de equivalencia entre los títulos homologados, ya que no resultan equivalentes el programa formativo extranjero del actor y el programa formativo español.

Por otro lado, la sentencia resalta a la hora de homologar o no un título que la formación del médico especialista en España no se limita a un simple periodo de enseñanza práctica con unos determinados contenidos, sino que también se exige asumir una serie de responsabilidades sobre la realización con carácter profesional de las actividades de dicho periodo. El punto de referencia legal es el Real Decreto 127/1984, sobre requisitos de la formación médica especializada, que exige un periodo de práctica profesional con contrato para poder validar el título.
REF. 45/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

El interino por sustitución es personal 
de plantilla con derecho a ayudas sociales
El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ante la demanda de conflicto colectivo del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, por la cual se reconoce que las previsiones de acción social del Servicio Canario de Salud son de aplicación al personal estatutario temporal con nombramiento de interino o de sustitución. Este tipo de ayudas se definen en el Capítulo IX del Estatuto de Personal No Sanitario y en el XIII del Estatuto del Personal Sanitario No Facultativo, a excepción del auxilio por fallecimiento, regulado en el artículo 150 de este último.

La Sala afirma que estas ayudas son para el personal de plantilla, constituida por todas las plazas de personal previamente establecidas al efecto; por lo tanto, todas las personas que interinen las plazas mientras éstas se encuentren vacantes pertenecen a la plantilla y tienen derecho a las previsiones de acción social. 

El Tribunal Supremo se basa en una sentencia en la que se reconoce a un trabajador interino por plaza vacante el derecho a percibir ayudas por estudios (TS, 17 de abril de 2000), y en otras dos en las que se reconoce el derecho a ayudas por guardería (TS, 24 de junio de 1996 y 31 de enero de 1997).
REF. 46/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

MIR / Guardias y formación no están 
incluidas en la jornada ordinaria
El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda del Sindicato Médico de Euskadi frente al Servicio Vasco de Salud (SVS), declarando válida la cláusula cuarta c) de los contratos MIR, que obliga a la realización de guardias por encima de las 1.645 horas anuales, no teniendo la consideración de horas extraordinarias.

La cláusula es legal mientras el SVS respete el derecho al descanso entre jornadas, y una jornada máxima semanal de 58 horas, dice la sentencia. El sindicato planteó un conflicto colectivo contra la citada cláusula al afirmar que la situación de hecho es que no se respeta el derecho al descanso de 12 horas entre jornadas, exigiendo además que las guardias computasen como jornada ordinaria. La cláusula recurrida establece que el trabajador realizará las actividades formativo-asistenciales inherentes a su contrato de trabajo en el horario que determinen los órganos de dirección de los hospitales y centros de salud, y que el residente debe hacer por encima de las 1.645 horas las de atención continuada según las necesidades organizativas del centro. Se aplica la doctrina del Tribunal Supremo contenida en otras sentencias sobre los MIR (ver ADS nº 51/junio 1999, y ADS nº 95/junio 2003)*, el Estatuto Marco (art. 34), y la Directiva 93/104 (art. 3), en la parte relativa al derecho al descanso de 12 horas consecutivas.
REF. 47/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

El reintegro de gastos en centro privado no incluye nuevas técnicas terapéuticas
Los supuestos de reintegro de gastos previstos en el Real Decreto 63/1995 sobre prestaciones sanitarias no contemplan la opción voluntaria del paciente por la asistencia privada con nuevas técnicas terapéuticas no disponibles en el sistema público, según el Tribunal Superior del País Vasco. En el caso de autos juzga el caso de un niño que nació en 1997, con retraso en el desarrollo, irritabilidad y microcefalia. El Servicio de Pediatría del Hospital de Basurto le remitió al Servicio de Rehabilitación, en el que siguió un tratamiento durante dos años, con revisiones periódicas en el hospital citado, en el de Gorliz y en el de Guernica. El paciente experimentó una considerable mejoría en este periodo: libertad articular completa, actividad motora simétrica y buena movilización pasiva. Los padres deciden después llevarle un centro privado, el Instituto Especial de Educación Conductiva de Pamplona y, tras una valoración neurológica, se le incluyó en un tratamiento rehabilitador que hizo evolucionar al niño en el control postural.

El tribunal deniega el reintegro de gastos porque no existe urgencia vital ni denegación de asistencia injustificada, requisitos que exige el Real Decreto 63/1995 para causar derecho al abono de prestaciones fuera del sistema público.
REF. 48/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Estatuto del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa
El Real Decreto 176/2004 ha publicado el Estatuto del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa (CNTMR), la constitución efectiva del organismo, la integración del personal que desempeñaba funciones relacionadas con las nuevas competencias del CNTMR, y la adscripción a éste de la Organización Nacional de Trasplantes. El nuevo centro asume las funciones de gestión de las redes temáticas de investigación en trasplantes y terapia celular que correspondían al Instituto de Salud Carlos III, con órganos de coordinación territorial y consultivos como la Comisión de Trasplantes y Medicina Regenerativa del Consejo Interterritorial, e impulsará la investigación en materia de terapia celular y medicina regenerativa a través de una fundación estatal con financiación pública y privada sin ánimo de lucro. La Disposición Adicional Quinta de la norma prevé que los embriones crioconservados sobrantes con anterioridad a la Ley 45/2003 sobre Técnicas de Reproducción Asistida, cuyas estructuras biológicas vayan a ser utilizadas en investigación se pondrán a disposición del CNTMR y constituirán el Banco Nacional de Líneas Celulares. Permanecerán en los centros de reproducción asistida hasta que se establezcan una o varias sedes por el Centro Nacional, al que corresponde la asignación de los embriones a los distintos proyectos de investigación autorizados. A pesar de esta previsión, el Estatuto ahora regulado establece en su artículo 3 que se promoverá con carácter prioritario la investigación a partir de células troncales procedentes de tejidos adultos, médula ósea y sangre de cordón umbilical. Por otra parte, hay que destacar en relación 
con la regulación autonómica sobre investigación celular que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Parlamento andaluz contra la reforma estatal de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, y estudia acumularlo al que el pasado 15 de enero interpuso el Gobierno central contra la ley andaluza sobre investigación con preembriones humanos.
REF. 49/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Valencia / Régimen de visitas de delegados de laboratorio
La Consejería de Sanidad de Valencia ha regulado la visita de representantes de laboratorios con un sistema de planificación previa que se presentará bimestralmente distribuido por meses, a través de la Federación Regional de Informadores Técnicos Sanitarios. Los principios recogidos en esta norma impiden promocionar medicamentos no autorizados, y exigen a los delegados de visita médica informar de forma rigurosa, ajustándose a la ficha técnica, sobre las distintas formas farmacéuticas, dosis, prescripción, dispensación, precio, y, si es posible, el coste de tratamiento por día. La promoción de estudios postautorización de tipo observacional está prohibida, así como las primas, incentivos, u obsequios a profesionales, parientes, o personas “de su convivencia”. Los laboratorios sí podrán, en cambio, conceder ayudas, premios, becas, contribuciones y subvenciones a reuniones, congresos, viajes de estudios y actos similares, aunque deberán ser aprobadas de forma expresa por el director de primaria o del hospital. Los delegados de laboratorios podrán realizar hasta cuatro visitas al año por centro sanitario, o servicio en el caso de asistencia especializada, pudiendo ampliarse hasta cinco visitas si ésta última se dedica a la información o promoción de genéricos. La visita por centro o servicio y día será de un máximo de cuatro delegados, uno por laboratorio, conforme a la planificación y al calendario fijado con antelación, y en el lugar autorizado por la Administración correspondiente, en un horario que no interrumpa el funcionamiento de las actividades asistenciales. En todo caso, el tiempo se visitas no superará semanalmente las cuatro horas en centros de primaria, y tres horas en servicios o consultas hospitalarias. 
REF. 50/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Plan Oncológico de Valencia
La Consejería de Sanidad de Valencia ha regulado las acciones del Plan Oncológico de la autonomía, que potenciará la red de cuidados paliativos con un nuevo enfoque del concepto de calidad de vida, la participación del voluntariado y las asociaciones, la información al paciente, la formación e investigación, la oncología pediátrica, la prevención primaria y secundaria del cáncer, la asistencia multidisciplinar, y los sistemas de información oncológicos. El plan recoge las prioridades en el período de tiempo comprendido entre el año 2002 y el 2006, con el objetivo principal de acometer los determinantes del cáncer y sus secuelas para permitir que los pacientes puedan disfrutar de más años de vida sin incapacidad. La Oficina del Plan del Cáncer llevará a cabo el seguimiento y la evaluación de las acciones diseñadas. Para su correcto funcionamiento el plan será revisado y actualizado al menos en periodos de cuatro años. 
REF. 51 /04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Sistema de coordinación de alertas y emergencias
La orden que regula el Sistema de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y Consumo (SICAS) fue publicada en el Boletín Oficial del Estado unos días antes de la trágica masacre de Atocha en Madrid en la que perdieron la vida cerca de 200 personas y fueron atendidos más de 1.400 heridos. Los organismos creados al amparo de esta norma ya estaban operativos y pudieron atender la coordinación de las urgencias asistenciales y la atención a las víctimas y familiares, en conjunción con los dispositivos de emergencias existentes en la Comunidad de Madrid. La nueva norma regula la coordinación de situaciones extraordinarias de alertas y emergencias sanitarias que supongan una amenaza real o potencial para la salud de la población siempre que puedan tener repercusión nacional y crear una alarma social. También hace referencia a crisis producidas por la difusión de noticias, de diferente naturaleza y gravedad, relacionadas con la salud y el consumo o con la prestación de servicios sanitarios que provoquen una alarma social general. Para cumplir de la mejor forma posible estas funciones se constituye mediante esta Orden Ministerial el SICAS, cuya dirección estratégica corresponde al Comité Director de Situaciones de Crisis y Emergencias, que cuenta con un Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, y un Grupo Operativo de Emergencias. Sirve de apoyo al Plan de Respuesta de Salud Pública para alertas por riesgos extraordinarios biológicos, químicos, alimentarios, radiológicos y nucleares del Sistema Nacional de Salud, así como a las Administraciones y organismos nacionales, autonómicos, comunitarios o internacionales competentes en la gestión de situaciones de crisis y catástrofes.
REF. 52/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

LIBROS

Derechos en Salud para el siglo XXI
En esta libro escriben varios autores pertenecientes al Comité de Derechos en Salud con el fin de establecer un marco conceptual básico de derechos como único camino hacia la mejora de la salud de los ciudadanos de la Unión Europea. Según Manuel Amarilla, Presidente de Eupharlaw, coordinador de la obra y autor de la introducción del libro, tener un “Decálogo Básico de Derechos en Salud”, basado en necesidades reales, nos permite solucionar mejor nuestras prioridades de salud y visualizar mejor los recursos económicos. Señala como principales objetivos del libro puntualizar los principales conceptos acerca de los derechos, crear conciencia en los ciudadanos de la importancia de este tema, resaltar el valor de informar, reflexionar sobre el derecho de las personas a la salud y conocer los abusos de algunos de estos derechos, entre otros. El libro recoge todos estos derechos de la salud seleccionados por los autores en forma de decálogo. El derecho a la información, a la salud mental, a la salud laboral, a la seguridad alimentaria, a la protección del medio ambiente, a la salud sexual y reproductiva, a la protección de datos relativos a la salud, a la educación, a la atención farmacéutica, y a la participación ciudadana en el acceso a los servicios sanitarios, conforman el decálogo.

La Librería en Internet: www.actualderechosanitario.com/Lalibreria.htm
Título: Derechos en Salud para el siglo XXI. 
Autor: Eupharlaw. Edita: Eupharlaw (Grupo Europeo 
de Derecho Farmacéutico). Pedidos: La Librería. Instituto de Fomento Sanitario. 
Tf: 91 351 43 28.  

Quejas sanitarias ante el Defensor del Pueblo
El último informe del Defensor del Pueblo presentado a las Cortes Generales recoge quejas, resoluciones y recomendaciones efectuadas a distintos organismos relacionados con los servicios sanitarios, en concreto sobre la universalización de la asistencia, la información y documentación clínica, la ordenación de las prestaciones, la prevención y promoción de la salud, las listas de espera, el transporte sanitario, actuaciones en el ámbito extrahospitalario, en atención especializada, en salud mental, sobre la práctica profesional, el control de los medicamentos, la prestación farmacéutica, la comercialización del tabaco, y la atención sociosanitaria. También recoge un apartado dedicado a los derechos del interno en prisión, y la tutela de su salud, así como la atención a emigrantes e inmigrantes. 

Para los autores del informe es “innegable que el sector estrella de la actividad en el ejercicio 2002 fue el de la sanidad, por la difusión del informe extraordinario sobre las listas de espera, que permitió señalar deficiencias en cuanto a su gestión y las demoras excesivas. 

Las deficiencias en materia de información y documentación clínica, la necesaria ordenación de nuevas prestaciones sanitarias (técnicas de reproducción asistida, afectados de fibromialgia, atención bucodental, cirugía de reasignación de sexo, etc.), son otras materias abordadas. En la parte referida a la universalización de la asistencia, el Defensor del Pueblo indica que es un mandato legal que debe plasmarse legalmente sin más demora, para que consolide como un derecho público subjetivo, personal y no contributivo, sin perjuicio de que se precise cuál es el futuro del papel que deben tener las mutualidades de funcionarios y las empresas colaboradoras de la Seguridad Social.

Sobre la información y documentación clínica, el informe refleja que por su número y naturaleza destacan las quejas relativas al acceso a la historia clínica de personas fallecidas por parte de herederos, ascendientes, y descendientes, lo que en parte resuelve la Ley 41/2002 en cuanto a los elementos, la cantidad y forma de información, el contenido y el acceso.

Título: Defensor del Pueblo. Informe anual 2002 y debate en las Cortes Generales.
Autor: Defensor del Pueblo. Edita: Cortes Generales. Páginas: 921. 
Pedidos: Defensor del Pueblo. E-mail: documentacion@defensordelpueblo.es 

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CONSEJO ASESOR
Presidente honorífico
Enrique Ruiz Vadillo
Tribunal Constitucional.
Presidente
José Manuel Martínez-Pereda,
Magistrado. Tribunal Supremo.
Vocales
José M. Alvarez-Cienfuegos. Magistrado. 
Magistrado del Tribunal Supremo.
José Antonio Seijas Quintana,
Presidente Audiencia Provincial de Asturias.
Santiago Pelayo, Abogado.
Julio Galán Cortés, Abogado. Doctor en Medicina.

Editor Iñigo Barreda
Coordinador Carlos Barreda
Redacción Pablo Parrón

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