SUMARIO JULIO-AGOSTO 2005 / ADS Nº118
INFORME/TRIBUNA
Los derechos de los pacientes en la Unión Europea.
Javier
Sánchez-Caro. Subdirector general de Bioética y Orientación Sanitaria
de la Comunidad de Madrid.
Primer respaldo judicial en España a la atención
farmacéutica. Fernando
Abellán. Abogado.
SENTENCIAS
CIVIL
Ginecólogo condenado por no delegar la cesárea urgente en el
equipo de urgencias
La aseguradora no puede excluir de la póliza de daños por lista de
espera
Condena por menoscabo de la autonomía del paciente al no informar
de riesgos posibles
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Anulada una clasificación de puestos de trabajo por carecer de
informes consultivos
NAVARRA / El pacto que cerró la huelga del 2004 tiene
fuerza vinculante de convenio
Sala de conflictos del Supremo: los litigios laborales de
estatutarios, a lo contencioso
SOCIAL
Complementos: la subida salarial de leyes presupuestarias no tiene
efectos retroactivos
Médicos de cupo integrados: los trienios después de 1987 son una
cantidad fija
Anulada una jubilación porque el médico no tenía los 35 años
de cotización
NORMATIVA
MADRID
/ Ley de Instrucciones Previas
GALICIA / Decreto de plazo máximo de espera
MADRID / Seguridad y prevención del riesgo biológico
GALICIA / Nuevo modelo laboral en primaria
GALICIA / Sistema de carrera profesional
LIBROS
Datos personales y Administración pública
Regulación
de centros sanitarios
Aspectos
médico-legales en la asistencia al parto
BOLETINES
OFICIALES
Unión Europea
BOE
Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
 INFORME/TRIBUNA
Los
derechos de los pacientes en la Unión Europea
El
experto en Derecho Sanitario Javier Sánchez Caro destaca en este informe
la nuevos retos que se
plantean en la Unión Europea para los derechos de los pacientes con
motivo de la ampliación de
los Estados a 25 miembros. La Europa de las dos velocidades se hace en
este ámbito más patente por
cuanto los diez Estados que se han incorporado últimamente a la Unión
deben recorrer un largo camino
hasta ajustar sus sistemas de salud al nivel de prestaciones y garantías
del
resto de países que la componen. Para ello propone varias soluciones como
un plan de convergencia en
relación con una tabla de derechos de los pacientes que pueda
establecerse al efecto, o una
declaración de mínimos -no comprometida- que pueda ser fácilmente
alcanzada por los veinticinco
Estados miembros. En este sentido, Sánchez Caro publica al final de este
artículo dos declaraciones,
una de derechos y otra de deberes de los pacientes, como propuestas
que
sintetizan la evolución histórica de los derechos de salud en los
distintos textos normativos europeos
que analiza en este informe.
REF. 100/05
(Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Primer
respaldo judicial en España a la atención farmacéutica
La
Atención Farmacéutica, traducción del término inglés Pharmaceutical
Care, consiste en la participación activa del farmacéutico en
la asistencia al paciente, cooperando con el médico y otros profesionales
sanitarios, con el objetivo de conseguir resultados que
mejoren su calidad de vida. También conlleva la implicación del
farmacéutico en actividades que proporcionen buena salud
y prevengan enfermedades1. La potenciación de esta nueva vertiente
de la actividad del farmacéutico constituye uno de los ejes
fundamentales del actual Plan Estratégico del Política Farmacéutica
para el Sistema Nacional de Salud Español2. Con
la Atención Farmacéutica se pretende, en definitiva, implicar al
farmacéutico en la labor asistencial de una forma más decidida,
dotándole
de un papel de mayor relevancia que supera su tradicional actividad
centrada en la preparación y dispensación de medicamentos,
y le convierte en un agente activo en la tarea de favorecer el uso
racional del medicamento, todo ello dentro de un proceso
de interrelación con el paciente y con el resto de profesionales
sanitarios, especialmente con el médico3.
REF. 101/05
(Para solicitar el texto
íntegro pulse AQUÍ)
SENTENCIAS
CIVIL
Ginecólogo
condenado por no delegar la césarea urgente en el equipo de
urgencias
La
falta de seguimiento directo de un parto por un ginecólogo
al encontrarse en su consulta privada sin posibilidad
de personarse con la urgencia requerida en el hospital
ha sido calificado de infracción de la lex
artis por
el Juzgado de Primera Instancia nº 58 de Madrid.
La omisión
de asistencia debida ha determinado la condena a
Winterthur, aseguradora
del ginecólogo. El Hospital
de Madrid
Montepríncipe y
Sanitas son absueltos
porque actuaron
con corrección aplicando medios disponibles. El
primero es absuelto además porque el ginecólogo no tenía
dependencia laboral del centro sanitario.
Los hechos relatan
cómo el personal de urgencias puso en
conocimiento del ginecólogo la necesidad de practicar la
cesárea ante el cuadro de fiebre y desaceleraciones que
sufría la gestante, aplicando medicación para inducir el
parto, pero éste ordenó telefónicamente que esperasen a
su llegada al hospital. Cuando se presentó ya había comenzado
la intervención, haciéndose cargo de la misma
y extrayendo una niña que fallece a las 48 horas por
sepsis precoz (estreptococo B) y encefalopatía hipóxicoisquémica
estadio III. La indemnización es de 85.057,29
euros para los padres por el fallecimiento, y de
1.848,22 euros para la madre por los daños de la operación (coagulopatía
con sangrado importante y shock hipovolémico)
más el interés legal incrementado en un 50
por ciento desde la fecha del intervención.
REF. 102/05 (Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Otras
sentencias de interés en ADS:
ADS
nº 112 / enero 2005. Ginecología / Indemnización anual vitalicia por
daños muy graves a neonato en parto.
ADS
112 / enero 2005, pág. 14. Ginecología / Otra condena por daños graves
a neonato al no evitar el sufrimiento fetal.
ADS
nº 111 / diciembre, pág. 944. Anulada la condena a ginecólogo y
pediatra en un parto con sufrimiento fetal.
ADS
108 / septiembre 2004, pág. 660. La ausencia de ginecólogo y la falta de
monitorización condenan al Insalud.
ADS
nº 101 / enero 2004, pág. 22. Clínica condenada por falta de medios
para prevenir el sufrimiento fetal.
ADS
nº 93 / abril 2003, pág. 341. Ginecología / Condena por no detectar
sufrimiento fetal y demorar la cesárea.
ADS
nº 90 / enero 2003, pág. 22. Ginecología: condena penal por impericia y
falta de medios en sanatorio privado.
ADS 91 / febrero 2003, pág. 132. Primera condena expresa del Supremo por
no reducir el período expulsivo del feto.
ADS
nº 84 / jun. 2002, pág. 484. Condena en parto con sufrimiento fetal
atendido por una matrona.
ADS
nº 84 / junio 2002, pág. 482. Responsabilidad objetiva del Insalud por
sufrimiento fetal del neonato.
ADS
nº 84 / junio 2002, pág. 473. Ginecólogo, matrona y clínica condenados
por imprudencia temeraria en el parto.
ADS
nº 81 / marzo 2002, pág. 240. Prisión e inhabilitación especial por no
ordenar cesárea a pesar del sufrimiento fetal.
ADS
nº 80 / febrero 2002, pág. 129. Un año de prisión y tres de
inhabilitación por omitir pruebas diagnósticas inexcusables.
ADS
nº 64 / septiembre 2000, pág. 597. Condena al SAS por no practicar una
cesárea y faltar datos en la historia clínica.
ADS
nº 6 / junio 1995, pág. 373. La matrona está obligada a avisar al
médico cuando hay sufrimiento fetal.
La
aseguradora no puede excluir de la póliza de daños por lista de espera
La
aseguradora de un Servicio de Salud no está exenta de
indemnizar si se causa un daño a un paciente como consecuencia
de su inclusión en lista de espera para la realización
de una prueba diagnóstica ineludible.
Esta es la tesis que
sostiene la Audiencia
Provincial de Badajoz,
en contestación a los argumentos de Zurich,
aseguradora del
Insalud, que intentó eludir una indemnización debido
a que una cláusula de la póliza excluía este
riesgo de la cobertura contratada con el extinto Insalud.
La
sentencia expresa que la exclusión de este riesgo no opera
en casos como éste en que la demora fue excesiva debido
a que transcurrió un año desde la prescripción de
una mamografía hasta su realización. El cuadro clínico requería
hacer la prueba diagnóstica en el plazo máximo de
un mes, por lo que el retraso causó un daño al evolucionar el
cáncer de mama que posteriormente fue extirpado. La
paciente tuvo que mantener el tratamiento de radioterapia,
continuando la incertidumbre sobre la evolución futura
de una patología no tratada a tiempo.
Se
aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad de
la sentencia del Tribunal Supremo del 10.10.1998,
y se
aumenta la indemnización concedida en primera instancia,
de 5.000 a 30.000 euros, siguiendo como pauta
indemnizaciones concedidas en casos similares. Su
cuantía responde a las secuelas de una intervención agresiva,
quizás evitable con una detección precoz del cáncer,
y al daño moral producido por la “incertidumbre en
cuanto a la curación definitiva, el estado de inquietud
y perturbación del ánimo, aparte la repercusión en
la calidad de vida e incapacidad para sus tareas habituales,
que debe tener su incidencia lógica en el importe
de la indemnización”.
REF.
103/05
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Otras
sentencias de interés en ADS:
ADS
nº 117 / junio 2005, pág. 442. La falta del consentimiento condena
tanto al médico principal
como al cirujano.
ADS
nº 63 / julio - agosto 2000, pág. 539. Listas de espera: el Estado
indemniza si el paciente empeora antes de ser operado.
ADS
nº 21 / oct. 1996, pág. 657. El riesgo para la salud creado por
las listas de espera legitima para ir al sector privado.
ADS
nº 96 / julio - agosto 2003, pág. 557. Las listas de espera desde
el punto de vista jurídico. José
Manuel Martínez-Pereda Rodríguez.
Magistrado Emérito del Tribunal Supremo. Presidente del
Consejo Asesor de Actualidad del Derecho Sanitario.
ADS
nº 64 / septiembre 2000, pág. 572. Esperar sí, morirse no. Comentarios
a la reciente sentencia de la AN sobre daños por listas de
espera. Santiago Pelayo, abogado. Miembro
del Consejo Asesor de ADS.
ADS
nº 95 / junio 2003, pág. 504. Condena por ignorar el informe médico
que detectó el carcinoma y no hacer mamografía.
ADS
nº 93 / abril 2003, pág. 322. Condena por omisión de medio diagnóstico
y daño desproporcionado (nódulo sospechoso en
mama).
ADS
nº 57 / enero 2000, pág. 18. Un tribunal condena por no informar
en mastectomía aplicando la Ley de Usuarios.
ADS
nº 114 / marzo 2005, pág. 202. Condena a ginecólogo por demorar
el diagnóstico de un tumor de mama.
ADS
nº 38 / abril 1998, pág. 174. Condena por omitir la prueba diagnóstica
que habría evitado la mastectomía.
Condena
por menoscabo de la autonomía del paciente al no informar de riesgos
posibles
Una
sentencia ha aplicado la doctrina de la pérdida de
oportunidad para condenar a un cirujano y la aseguradora Winterthur
por omitir
el consentimiento informado limitando
la autonomía de la paciente para decidir sobre
la intervención al no haber conocido con antelación los
graves riesgos que entraña una operación de hernia
discal.
En este mismo número de ADS se
recoge otra
resolución que también aplica esta doctrina por no evitar
la evolución de un tumor de mama al estar la paciente
en lista de espera durante un año para realizar la mamografía.
En
el caso que resuelve ahora el Juzgado
de Primera Instancia
nº 53 de Barcelona,
la condena por omisión de consentimiento
informado se debe a que la intervención propuesta
no era la única opción terapéutica y a que los
riesgos posibles son de importante gravedad.
Dada
la frecuencia de morbilidad y daños graves de las
operaciones de hernia discal, la paciente debió ser informada
con todo rigor de riesgos y secuelas posibles, y
sus consecuencias, así como de la posibilidad de no ser intervenida
o de otras opciones terapéuticas. La sentencia aplica
el Convenio de Biomedicina de
Oviedo, la Ley
41/2002 de
información y documentación clínica y la Ley
General de Sanidad.
Como secuelas de la intervención constan
rigidez lumbar severa y lumbociatalgia izquierda
persistente, pues el tribunal no da por acreditadas
la de síndrome de cola de caballo, ni las afecciones de
tipo psiquiátrico. La paciente es indemnizada con
9.000 euros por las consecuencias de la intervención de
cuyos riesgos no fue informada, y teniendo en cuenta
el estado patológico antes de la intervención. La clínica
donde se realizó la intervención - representada por
el abogado Juan Miguel Domínguez Ventura- ha resultado
absuelta por acreditar el cumplimiento de los protocolos
de asepsia, lo que fue cuestionado por la defensa
de la paciente.
REF.
104/05
(Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Otras
sentencias de interés en ADS:
ADS
nº 117 / junio 2005, pág. 442. La falta del consentimiento condena
tanto al médico principal
como al cirujano.
ADS
nº 110 / noviembre 2004, pág. 849. La omisión del consentimiento
tiene plena autonomía como
concepto indemnizable.
ADS
nº 109 / octubre 2004, pág. 764. Condena a médicos y aseguradora
por no informar del fracaso
posible de la vasectomía.
ADS
nº 107 / julio-agosto 2004, pág. 571. Oftalmología / Condena por
no informar del riesgo de empeorar por la intervención.
ADS
nº 104 / abril 2004, pág. 331. Presunción de consentimiento, aunque
el Insalud no pudo acreditar su existencia.
ADS
nº 104 / abril 2004, pág. 316. Polémica doctrinal al exonerar al
Insalud de daño moral por omisión de consentimiento.
ADS
nº ADS nº 98 / octubre 2003, página 739. Nueva condena por omitir
el consentimiento aunque la técnica quirúrgica fue correcta.
ADS
nº 84 / junio 2002, página 494. Culpa objetiva del Sergas por usar
técnica en desuso y no informar de riesgos previsibles.
ADS
nº82 / abril 2002, página 296. Primera condena por error con láser
en miopía y faltar el consentimiento.
ADS
nº 67 / diciembre 2000, página 783. El médico que realiza la operación,
único responsable de informar al paciente.
ADS
nº 64 / septiembre 2000, página 592. No informar de los riesgos es
un daño moral grave, dice el Tribunal Supremo.
ADS
nº 24 / enero 1997, pág. 20. Un tribunal condena en un acto médico
correcto por falta de consentimiento.
ADS
nº 10 / octubre 1995, pág.629. Falta de consentimiento genera responsabilidad
en terapia correcta. TS, 24.05.1995.
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Anulada
una clasificación de puestos de trabajo por carecer de informe consultivo
Las
relaciones de puestos de trabajo (RPT), su clasificación y
valoración tienen naturaleza normativa de disposición general,
por lo que es preceptivo el informe del Consejo
de la Función Pública, según una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León que estima el
recurso presentado por la Asociación
de Médicos Titulares
Interinos de Castilla y León.
Por
carecer de este informe, preceptivo aunque no vinculante, el
tribunal autonómico anula el artículo 6 y las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera y Cuarta del
Decreto 139/2002, de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social de la Junta de Castilla y León, sobre reestructuración
de los servicios y puestos de trabajo de atención
primaria adscritos a las zonas básicas de salud.
El
tribunal ordena retrotraer las actuaciones con el fin de
que antes de su aprobación se emita el preceptivo informe
del Consejo de la Función Pública. Su resolución aplica
la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal
Supremo del 26 de febrero del 2004 y del 25 de enero
del 2002. Esta última afirmó que el artículo 15.a del
Texto
Refundido de la Función Pública de Castilla y León
atribuyó
al Consejo de la Función Pública autonómico la
obligación de informar los anteproyectos de ley y
los proyectos de disposiciones generales en materia de personal,
carácter éste último que tienen las RPT.
REF.
105/05
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Navarra
/ El pacto que cerró la huelga del 2004 tiene fuerza vinculante de convenio
El
Servicio Navarro de Salud ha sido condenado a aplicar
el Acuerdo que puso fin a la huelga de especialistas de
mayo del 2004, suscrito con el Sindicato Médico
de Navarra, en el que se pactó un nuevo régimen de
guardias y descansos, y la implicación de los profesionales en
los planes directores y estratégicos.
El
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Pamplona
estudia un recurso contra la resolución del Servicio
Navarro de Salud que denegó el
cumplimiento del Acuerdo al entender que
constituyó un compromiso de
actividad “desprovisto de la fuerza vinculante de un convenio
colectivo”.
El
juez sostiene la tesis contraria, con apoyo en la sentencia del
Tribunal Supremo del 25 de febrero de 1998, para
afirmar que la Administración demandada trata de sustraerse
al pacto con olvido del principio ‘pacta
sunt servanda’
y
del de buena fe en las relaciones administrativas. Para
el juez, el acuerdo no se circunscribe a la creación de
un grupo técnico de trabajo sobre guardias médicas,
sino que el punto 1.2 reconoce una fecha tope -el
1 de enero del 2005- para establecer el reconocimiento del
derecho a disfrutar de descanso no recuperable compensatorio
al día siguiente de una guardia física, así
como al día siguiente al domingo y festivo en cuya víspera
se haya realizado una guardia de presencia física.
Sala
de conflictos del Supremo: los litigios laborales de estatutarios, a lo contencioso
Iñigo
Barreda. La Sala Especial de Conflictos de Competencia
del Tribunal Supremo ha declarado que la jurisdicción
social no es competente para juzgar reclamaciones laborales
del personal estatutario a partir de la entrada
en vigor de la Ley 55/2003 del Personal Estatutario de
los Servicios de Salud.
Resuelve
un conflicto de competencia entre un juzgado de
lo social y otro de lo contencioso de Madrid debido a
que ambos tribunales declararon incompetencia de jurisdicción
para resolver una reclamación de un médico con
dos peticiones: por un lado, que no se le recortara el cupo
de beneficiarios asignado; por otro, recurría contra el
cese en las funciones de jefe de equipo que venía desarrollando.
La
Sala de Conflictos interpreta que el Estatuto
Marco ha
derogado la legislación anterior del personal estatutario, incluso,
de forma tácita, la norma de atribución competencial a
lo social de este tipo de reclamaciones, el artículo
45.2 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social aprobado
por el Decreto 2065/1974. Considera
que se trata de una derogación tácita porque este
artículo era aplicable al personal estatutario cuando dependía
de entidades gestoras de la Seguridad Social. Como
los Servicios de Salud han dejado de tener el carácter
de entidades gestoras de la Seguridad Social en virtud
de la nueva organización administrativa sanitaria, y
el personal estatutario tiene desde la Ley 55/2003 una “relación
funcionarial especial de carácter estatutario”, el
alto tribunal falla a favor de lo contencioso.
Interrogantes
El artículo 45.2 de la LGSS ha perdido su vigencia, según
el tribunal, a pesar de que este precepto no ha sido derogado
de forma expresa ni tampoco hay una atribución legal
específica de esta competencia a lo contencioso. Otro
interrogante abierto surge de la derogación que la
Ley 55/2003 hace de la Ley
30/99, sobre Selección de Plazas
de Personal Estatutario. Esta norma previó en su Adicional
7ª la atribución al orden contencioso de la competencia
para conocer impugnaciones de procesos de
selección, provisión y movilidad, y sus bases (ver, en este
sentido, sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de Barcelona
en ADS
nº 113). Esta derogación, según algunos juristas,
supone precisamente el reforzamiento de la competencia
social.
La
tesis de la Sala de Conflictos fue anunciada por expertos
como el magistrado Luis Gil Suárez (ver ADS nº
100) y
el abogado Santiago Pelayo (ver ADS nº 111).
REF.
107/05
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Otras
sentencias de
interés en ADS:
ADS
nº 116 / mayo 2005, pág. 359. El conflicto judicial de competencias
paraliza las reclamaciones laborales de estatutarios. Con
comentario especial de SANTIAGO PELAYO.
ADS
nº 111 / diciembre 2004, pág. 936. Apuesto
por lo contencioso. SANTIAGO PELAYO.
ADS
nº 113 / febrero 2005, pág. 123. Competencia social / La
jubilación forzosa en el ICS a los 65 años respeta el Estatuto Marco.
ADS
nº 112 / enero 2005, pág. 43. Supremo / La demanda al
hospital por infringir derechos laborales, al orden social.
ADS
nº 112 / enero 2005. Una nueva sentencia remite a lo contencioso la
demanda de un estatutario (TSJ Castilla La Mancha).
ADS
nº 110 / noviembre 2004, pág. 869. Competencia social / El
defecto de baremación anula una adjudicación por
movilidad funcional.
ADS
nº 109 / octubre 2004, pág. 773. Competencia social / La
movilidad funcional obliga al gerente a justificar la causa del cese.
ADS
nº 101 / enero 2004, pág. 53. La movilidad funcional dentro
del área de salud se juzga en lo social, no en lo contencioso.
ADS
nº 100 / diciembre 2003. Ver
opinión de los magistrados Luis Gil Suárez y Juan Ramón Giménez
Cabezón en el informe del VII Congreso de Recursos
Humanos
en la Sanidad. (Instituto
de Fomento Sanitario, Actualidad del Derecho Sanitario, noviembre
2003).
SOCIAL
Complementos:
la subida salarial de leyes presupuestarias no tiene efectos retroactivos
La
subida salarial que fijan las leyes de presupuestos no
tiene efectos retroactivos sobre complementos salariales pactados
en ejercicios anteriores, según una sentencia del
Tribunal Supremo.
La
Sala Social del alto tribunal ha rechazado el recurso presentado
por la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos para que en el complemento de carrera
profesional del Instituto Catalán de la Salud se aplicase
la subida salarial del 2 por ciento del 2003 a las cantidades
devengadas por este concepto en noviembre y
diciembre del 2002.
Para
el alto tribunal la fecha de cobro y no la de devengo es
la que determina la obligación de aplicar la subida salarial
de leyes presupuestarias, y, en este caso, la de devengo
del complemento de carrera profesional de nivel
1 fue el 1 de noviembre del 2002, y la de cobro efectivo
fue la del 1 de enero del 2003. La resolución considera
que hay un problema de interpretación gramatical en
el Acuerdo Sectorial de Sanidad del 2002 del Instituto
Catalán de la Salud, ya que expresa que aunque el
mencionado complemento retrotraiga su eficacia al 1 de
noviembre del 2002, la efectividad en nómina del mismo,
que es el concepto utilizado para el devengo por el
punto 5.9 del Acuerdo que el recurrente entiende infringido,
se produce con fecha 1 de enero del 2003.
REF. 108/05
(Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Otras sentencias de interés en ADS:
ADS
nº 83 / mayo 2002, pág. 393. Anulada una subida lineal en el Servicio de
Salud de Asturias por superar el tope estatal.
ADS
nº 82 / abril 2002, pág. 327. Anulada la sentencia que reconoció el
incremento retributivo de los funcionarios.
ADS
nº 69 / nov. 2001, pág. 122. Audiencia Nacional: la nómina del
funcionario debe contemplar la subida del IPC de 1997.
Médicos
de cupo integrados: los trienios después de 1987 son una cantidad fija
La
valoración de los trienios del personal de cupo y zona
ha sido objeto de interpretación en numerosas ocasiones por
el Tribunal Supremo (TS), que incluso llegó a rectificar
su propia doctrina en la sentencia del 5.10.1999
(ver ADS nº 59/marzo 2000) declarando que este
concepto retributivo no quedaba congelado con motivo
de la entrada en vigor del Real Decreto 3/1987, sobre
Retribuciones del Personal Estatutario del Insalud.
Aquélla sentencia reconoció la revalorización periódica
de trienios consolidados incluso después de 1987
aplicando el sistema antiguo de abonar un 10 por ciento
de la retribución básica. En la citada resolución se analizaba
la reclamación de un practicante de cupo y zona
no integrado.
Ahora,
el TS revisa su doctrina sobre esta cuestión, si bien
este nuevo caso difiere del anterior en que el demandante
es un médico de cupo y zona integrado en 1990,
después de la entrada en vigor del nuevo sistema retributivo
del RD 3/1987. Este matiz obliga al TS ha pronunciarse
según la nueva realidad social que trataba de
regular esa norma salarial, es decir, la progresiva adaptación
de los distintos sistemas retributivos de todo el
personal estatutario: su sentencia declara que los trienios consolidados
por el personal integrado después de la
entrada en vigor del RD 3/1987 son una cantidad fija no
computable mediante el sistema de cupo y zona.
REF. 109/05
(Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Otras sentencias de interés en ADS:
ADS nº 94 / mayo 2003, pág. 425. El trienio consolidado de los
médicos de cupo se revaloriza, no se congela.
ADS
nº 59 / mar. 2000, pág. 240. TS Sala General, 5.10.1999. La
congelación de trienios de 1987 no afecta al personal de cupo.
ADS
nº 48 / mar. 1999, pág. 171. El valor del trienio cumplido antes de 1987
y reconocido después es proporcional al sueldo.
ADS
nº 13 / enero 1996, pág. 48. La congelación de trienios también es
para el médico de cupo de ambulatorio.
Esta
doctrina fue rectificada por la sentencia TS (Sala Social reunida en Sala
General) del 5.10.1999.
Anulada
una jubilación porque el médico no tenía los 35 años de cotización
El
Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla ha anulado la resolución
del Servicio Andaluz Salud que aplicó la jubilación forzosa
a los 65 años a un jefe de servicio de Anestesiología
y Reanimación que no había completado los
35 años de cotización a la Seguridad Social.
La
sentencia aborda cuestiones del máximo interés profesional,
pues interpreta varios preceptos de la Ley 55/2003
del Estatuto Marco en constante polémica o revisión
doctrinal. De un lado, considera que la reclamación del
médico estatutario se juzga en lo social porque
la Ley 55/2003 no atribuye a lo contencioso ninguna competencia
en materia de personal. Y ello, aunque se
recurra una resolución administrativa que deniega al médico
la prolongación de la edad de jubilación forzosa, pues
en el mismo documento se remitía al demandante a la
“reclamación previa a la vía judicial social”. Por otra parte,
se interpretan los requisitos de la prolongación de la
jubilación forzosa de 65 años que la Ley 55/2003 establece para
los estatutarios que a su entrada en vigor hubieran
cumplido 60 años de edad, como es el caso del demandante.
Este acreditó 34 años de cotización, por lo que
se declara no sólo su derecho a permanecer en activo
hasta cumplir los 35 años de cotización, sino a ser
readmitido desde le fecha en que fue cesado con abono
de los salarios dejados de percibir al calificarse este
acto de despido.
REF.
110/05 (Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Otras
sentencias de interés en ADS:
ADS nº 113 / febrero 2005, pág. 123. Competencia social
/ La jubilación forzosa en el ICS a los 65 años respeta el Estatuto
Marco.
ADS
nº 107 / julio - agosto 2004, pág. 592. El complemento de jubilación
puede ser reducido de oficio por el Servicio de Salud.
ADS
nº 112 / enero 2005, pág. 67. SAS
/ Resolución sobre jubilación forzosa a los 65 años.
ADS
nº 110 / noviembre 2004, pág. 884. SAS
/ Plan de Ordenación de Recursos Humanos. (ver
texto íntegro en www.actualderechosanitario.com/planrrhhsas2004.pdf)
ADS
nº 100 / diciembre 2003, pág. 1014. Ley 55/2003 del Estatuto Marco del
Personal de los Servicios de Salud.
ADS
nº 87 / octubre 2002, pág. 789. Castilla y León / Acuerdo marco de
ordenación de recursos humanos. LEX
SANITAS ORO / LEX SANITAS 2001. Murcia / Ley de Personal Estatutario.
LEX SANITAS ORO / LEX
SANITAS 2004. Murcia / Instrucciones para la continuidad en el servicio
activo del estatutario con 65 años. Sentencia
facilitada por la abogada Sabina Pérez Albalate. Cuatrecasas Valencia.
NORMATIVA
MADRID
/ Ley de Instrucciones Previas
La
regulación de las instrucciones previas en Madrid garantiza la objeción
de conciencia de los profesionales (artículo 3.3), evitando
intervenciones contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis,
o a las que no se correspondan con el supuesto de
hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas
(artículo 11). Tampoco serán aplicables instrucciones
que sean contraindicadas para la patología del paciente, debiendo figurar
anotadas las contraindicaciones en
la historia clínica. La nueva ley realiza una interpretación avanzada de
la normativa básica (Ley 41/2002 y Convenio
de Biomedicina de
Oviedo) al
ajustar sus postulados a la realidad social y la práctica clínica en los
momentos finales de la vida
o en situaciones críticas, de riesgo vital o irreversibles. Así, se
prevé que en estos casos el paciente pueda decidir qué
intervenciones médicas desea o no recibir, u otras cuestiones
relacionadas con el final de la vida, siempre que sean conformes
a la lex artis. Por otra parte, se contempla que las instrucciones
puedan incluir declaraciones sobre la evitación del
sufrimiento con medidas paliativas, o que no se prolongue la vida
artificialmente con tratamientos desproporcionados o
extraordinarios en situaciones críticas vitales e irreversibles. Por otra
parte, la ley crea el Registro
de Instrucciones
Previas de la Comunidad de Madrid y
permite conveniar con colegios profesionales el
protocolo de acceso a la información de todos los centros sanitarios,
así como con el
Colegio de Notarios para facilitar la transmisión telemática de
documentos.
REF. 111/05 (Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
GALICIA
/ Decreto de garantía del plazo máximo de espera
Un
decreto de la Consejería de Sanidad de Galicia ha regulado el
procedimiento para garantizar el tiempo máximo de espera de
intervenciones quirúrgicas en atención sanitaria no urgente, de 180
días naturales para los casos de espera estructural. Transcurridos
140 días desde la fecha de inclusión en el registro de tiempos de
garantía, el usuario puede optar por continuar en
la lista de espera del centro o requerir la atención sanitaria en
cualquier otro que disponga de acreditación en Galicia. En este
caso, el Servicio Gallego de Salud asumirá el pago de los gastos
de desplazamiento derivados de la atención cuando ésta
se realice en localidad distinta de la del centro que realizó la
prescripción. Para el cálculo del plazo máximo de espera en servicios
programados, se computará desde la fecha de inclusión en el registro
de tiempos de garantía de atención sanitaria no urgente,
“que será aquella en la que tenga lugar la prescripción del
facultativo y la aceptación del paciente”. En desarrollo de esta
norma, la Consejería publicará una orden que regulará los tiempos
máximos de acceso a los servicios de consultas, pruebas
diagnósticas y otras modalidades asistenciales. El nuevo sistema de
garantía de espera quirúrgica deberá
estar operativo en el plazo de tres meses después de la entrada en vigor
de este decreto.
REF. 112/05
(Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
MADRID
/ Procedimiento de seguridad y prevención del riesgo biológico
La
Consejería de Sanidad de Madrid ha establecido los procedimientos de
seguridad, vigilancia y prevención del riesgo biológico
en los centros sanitarios, así como un sistema de registro unificado de
la información sobre accidentes en este ámbito.
La orden que lo regula incorpora las definiciones de accidente biológico,
de las acciones preventivas, los productos de
seguridad, y los agentes biológicos. El objetivo de la Consejería es
minimizar el impacto de los accidentes relacionados con
agentes biológicos entre el personal de los centros sanitarios del Servicio
Madrileño de Salud mediante el establecimiento de
directrices de procedimientos de seguridad y de formación del personal
para una prevención eficaz. Los responsables de los
centros sanitarios y de los servicios de prevención de riesgos
laborales deberán observar además de estas directrices el principio
general de evaluar los riesgos que no se puedan evitar, tener en cuenta la
evolución de la técnica y sustituir productos y
procedimientos peligrosos por otros más seguros. La implantación del
nuevo sistema priorizará la vigilancia de dispositivos que
actúen directamente sobre venas o arterias. Una lista de los productos de
seguridad a implantar de forma escalonada figura en
el Anexo 1, y los requisitos que éstos deben cumplir se reflejan en el Anexo
2. Los nuevos contratos de suministro de este material
deben contemplar, como mínimo los requisitos del Anexo 2, en el
caso de agujas hipodérmicas, catéteres y dispositivos asociados,
y sistemas de extracción sanguínea. En un plazo no superior a un año se
introducirán los requisitos mínimos del
Anexo 2 para todos los dispositivos contemplados en la norma. Ello
implicará la sustitución completa de
los dispositivos tradicionales menos seguros, y se hará extensivo a todas
las unidades y servicios sanitarios.
REF. 113/05
(Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
GALICIA
/ Nuevo pacto laboral de primaria
El
Servicio Gallego de Salud ha publicado su nuevo modelo laboral y
retributivo de atención primaria, que incluye novedades en relación
con las condiciones de trabajo de los puntos de atención continuada (PAC)
reformando el pacto suscrito en 2004, y revisando las
cuantías por guardias del personal médico y de enfermería. La nueva
norma incluye la opción de voluntariedad para prestar servicios
en los PAC, e introduce un complemento de productividad por
sustituciones de personal. La voluntariedad estará condicionada
a las necesidades de
servicio, así como a la aplicación del Pacto del 2001, en el que se
acordó la reducción de horas obligatorias de
guardias. Se posibilita, por otra parte, la realización de guardias
voluntarias en jornada complementaria. Desde el 2005 y hasta el
2007 habrá un incremento importante de plantillas de los PAC, a los que
la norma convierte en la puerta de entrada al sistema sanitario
de los médicos de familia. Se regula la jornada en los PAC (de 1.570
horas efectivas anuales de atención continuada, y de 1.430
horas para los profesionales que comiencen la jornada a partir de las 10
de la noche). Asimismo, se contemplan complementos por
especial dedicación fuera del horario habitual, así como la retribución
de jornada en fiestas navideñas. Los nombramientos en la contratación
temporal para guardias, el
criterio de cotización de este régimen -130
horas equivalen a 30 días trabajados-,
y la regulación de las ofertas de
selección temporal son otras cuestiones
recogidas en la norma.
REF. 114/05
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GALICIA
/ Sistema de carrera profesional
El
Servicio Gallego de Salud ha regulado el sistema de carrera profesional
para licenciados sanitarios estatutarios fijos, estructurado
en cuatro años. El acceso a la carrera es voluntario para los
profesionales, que deberán acreditar la experiencia mínima
exigida para cada uno de ellos. Para el personal de cupo y zona, se
prevé el reconocimiento de un grado pregrado. El
grado otorgará al personal fijo de cupo y zona el derecho a percibir un
complemento de carrera pregrado, de carácter fijo y personal,
que ascenderá a la cuantía de 3000 euros/año, vigente desde enero del
2006. La aplicación del sistema se demora para los
especialistas de cupo hasta su jerarquización. El personal funcionario y
laboral no integrado en el régimen estatutario accederá a
este sistema después de los oportunos procesos de homologación. La
carrera profesional se ha articulado en torno a los principios de
voluntariedad en el acceso, méritos y antigüedad, competencia,
responsabilidad, y mayor adecuación a los objetivos del
Sergas, e irreversibilidad del grado. Los cuatro grados del sistema son
asignables si se completan, en jornada ordinaria, los períodos
de servicios prestados como estatutario en la misma categoría y
especialidad en instituciones sanitarias del Sistema Nacional
de Salud de acuerdo con la siguiente escala: grado 1, cinco años; grado
2, 12 años; grado 3, 18 años; grado 4, 23 años. El
complemento de carrera profesional asciende a 3.000 euros al año. El
grado II será retribuido con 6.000 euros; el grado III, con
9000 euros; y el grado IV, con 12.000 euros. Los derechos económicos del
complemento de carrera absorberán los
complementos personales transitorios, excepto el del personal de primaria
integrado.
REF. 115/05
(Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
LIBROS
Datos
personales y Administración pública
Las
Administraciones públicas son las mayores detentadoras de información,
una parte muy importante de la cual está relacionada con
personas determinadas, y protegida por el denominado “derecho a la
protección de datos”. Este derecho, sin embargo, se enfrenta
a una curiosa paradoja, ya que nació como barrera a la acumulación de
datos personales
por la Administración, pero en la actualidad los mayores riesgos para su
efectividad provienen
de los tratamientos privados. Ello explica que la normativa que lo
desarrolla parezca ideada, principalmente, para regular este segundo tipo
de tratamientos, cuyos
presupuestos distan de los efectuados por Administraciones Públicas
que están al
servicio del ciudadano, y, respecto de los cuales, un flujo informativo de
información personal
es presupuesto para eficaz persecución de los intereses generales.
De este modo, los
principios y facultades que integran el contenido del derecho a la
protección de
datos cuentan con un alto número de excepciones y matizaciones, de modo
que elementos claves
como el consentimiento, la cancelación o el propio régimen sancionador
tienen un juego muy
reducido en el caso de los ficheros públicos. Asimismo es
necesario armonizar la protección de datos con el principio de publicidad
de la actividad administrativa,
cuestión que se aborda con especial atención en esta obra.
La Librería
en Internet:
www.actualderechosanitario.com/Lalibreria.htm
Título:
Datos personales y Administración pública.
Autor: Emilio
Guichot.
Edita: Thomson-Civitas.
Páginas:498
Pedidos: La Librería de Instituto de Fomento
Sanitario.
E-mail:
ads@actualderechosanitario.com
Tf.
91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
Regulación
de centros sanitarios
Es frecuente leer en
prensa o ver u oír en los medios de comunicación noticias relacionadas
con los centros y establecimientos sanitarios.
Sin embargo, hasta el momento, no existía en la bibliografía jurídica
española, ninguna monografía que abordara esta materia
de modo integral. Por ello, este libro puede aportar en el momento actual,
un conocimiento completo y a la vez didáctico, dirigido
a expertos o profanos en la materia, que desean conocer el régimen
jurídico de la creación y regulación de los centros, establecimientos
o servicios sanitarios, de cualquier clase, naturaleza y en cualquier
punto de la geografía española. En esta obra se
estudia el concepto, naturaleza jurídica, clasificación, grupo normativo
regulador, elementos, procedimiento administrativo, potestades,
deberes, derechos y obligaciones de cuantos intervienen como actores
principales o secundarios en este sector del ordenamiento jurídico.
A la vez se analiza con detalle la incidencia de la nueva Ley 41/2002, de
14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en
materia de información y documentación clínica y, en especial, su
repercusión sobre la
historia clínica como una garantía para el ciudadano del siglo XXI. Otra
aportación de interés es
el estudio de la creación de los centros sanitarios de telemedicina como
un servicio de la
sociedad de la información y de comercio electrónico, y un análisis en
profundidad y práctico de
la inspección sanitaria con incidencia en la actividad propia y cotidiana
de la misma, que
es la que afecta con más intensidad a los particulares, profesionales y
empresas que tienen que
enfrentar sus consecuencias.
La Librería en Internet:
www.actualderechosanitario.com/Lalibreria.htm
Título:
Creación y regulación de
centros y establecimientos sanitarios.
Autores: Juan
Francisco Pérez Gálvez.
Edita:
Bosch.
Páginas:
541.
Pedidos: Instituto
de Fomento Sanitario.
Tf.
91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
E-mail:
ads@actualderechosanitario.com
Aspectos
médico-legales de la asistencia al parto
En
cada parto existen toda una serie de puntos débiles o peligrosos que
deben conocerse a la perfección, a fin de evitar las
siempre desagradables consecuencias de las demandas. Este libro pretende
concienciar a los profesionales sobre los
mismos. Es decir, realzar todos los peligros que pueden acechar con el fin
de evitarlos o minimizarlos, mejorando de esta
manera el resultado perinatal, y evitando los efectos negativos que
pudieran producirse.
Por
otro lado, el conocimiento más profundo de ciertas alteraciones ha
permitido cuestionar de manera muy seria la asociación
tan frecuente entre sufrimiento fetal y lesión posterior, reservando la
misma a unos pocos casos con evidentes fases
de hipoxia isquemia, correspondiendo la gran mayoría restante a procesos
que en nada tienen que ver con la oxigenación
propiamente dicha. ¿Cuántas sentencias desfavorables se han dictado
basadas en esos preceptos?. Es por ello
que se ha de hacer un esfuerzo muy importante para analizar cada uno de
los casos a fin de esclarecer quién es, a fin
de cuentas, el responsable de la alteración del recién nacido. En ese
camino, lleno de
asperezas y de connotaciones, no solamente técnicas, muchas veces llega a
concluirse que
los procesos infecciosos o los inherentes a la prematuridad o a la
patología fetal
subyacente (retraso de crecimiento) son los agentes realmente
responsables, y que la
hipoxia (el llamado sufrimiento fetal) nada tiene que ver con la lesión
observada. El feto/neonato
tiene grandes capacidades adaptativas para prevenir las lesiones de sus
células, que se
habían ignorado o minimizado, y no en vano, esas capacidades han sido
las responsables de
la ausencia de lesión en multitud de neonatos, y esto es necesario
saberlo.
En
modo alguno este libro pretende ser una especie de guía para librar al
médico de sus
propias responsabilidades, o cómo informarle de cómo sortear la ética,
la deontología, o
incluso la justicia. Nada más lejos de la realidad. Lo que pretende es
recordar al
especialista los distintos pasos peligrosos del proceso del parto con el
fin de evitar las consecuencias que de ello puede derivarse;
en definitiva; pretende conseguir una mejor calidad en el mismo
evitándose de esa manera consecuencias negativas
tanto para el neonato como para la propia madre.
La Librería en Internet:
www.actualderechosanitario.com/Lalibreria.htm
Título:
Aspectos
médico-legales de la asistencia al parto.
Autor: L.
Cabero Roura.
Edita:
Editorial Médica Panamericana.
Páginas:
141.
Pedidos: Instituto
de Fomento Sanitario.
Tf.
91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
E-mail:
ads@actualderechosanitario.com
SUBIR
CONSEJO ASESOR
Presidente honorífico
Enrique Ruiz Vadillo
Tribunal Constitucional.
Presidente
José Manuel Martínez-Pereda,
Magistrado. Tribunal Supremo.
Vocales
José M. Alvarez-Cienfuegos. Magistrado.
Magistrado del Tribunal Supremo.
José Antonio Seijas Quintana,
Presidente Audiencia Provincial de Asturias.
Santiago Pelayo, Abogado.
Julio Galán Cortés, Abogado. Doctor en Medicina.
Editor Iñigo Barreda
Coordinador Carlos Barreda
Redacción Pablo Parrón
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