SUMARIO ABRIL 2006 / ADS Nº126
INFORME
El trámite parlamentario exige mayor claridad y definición legal (I)
I Congreso
Nacional de Dependencia.
SENTENCIAS
CIVIL
El consentimiento es obligatorio aunque el paciente sea la esposa
del cirujano
Publicar que un médico carece del título de especialista no
atenta al honor profesional
Cirugía estética / Condena por no informar de riesgo remoto e
inevitable
El Supremo condena por culpa objetiva al surgir una infección en el
postoperatorio
PENAL
La ruptura del secreto profesional no es delito si el objetivo es
proteger la salud colectiva
Ejercer de médico con un título extranjero sin homologar es delito de
intrusismo
SOCIAL
La jubilación forzosa pactada en convenio colectivo es nula, declara
otra vez el Supremo
Efecto de cosa juzgada: los días de libre disposición trabajados se
pagan como guardia
Valencia / Los refuerzos tienen derecho a disfrutar los días de libre
disposición
NORMATIVA
MADRID /
Decreto de depósitos de sangre de cordón umbilical
MADRID / Orden de acreditación de depósitos de sangre de cordón
umbilical
MADRID / Prestación farmacéutica a pacientes crónicos
BALEARES / Ley de voluntades anticipadas
CANARIAS / Decreto de voluntades anticipadas
EXTREMADURA / Decreto de libre elección de médico
LIBROS
Manual de Derecho Sanitario
Régimen jurídico de la enfermería
BOLETINES
OFICIALES
Unión Europea
BOE
Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
País Vasco
Valencia
 INFORME
El
trámite parlamentario exige mayor claridad y definición legal (I)
La
tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia arranca con una serie de críticas atinentes
fundamentalmente a
la financiación y coordinación de un nuevo cuadro de prestaciones
sociosanitarias sin precedentes en España.
La envergadura de este nuevo proyecto político, que tiene su antecedente
legal más próximo en la Ley de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, exige de todos los
interlocutores un gran esfuerzo para
lograr una ley que no quede en papel mojado. Todos los sectores apoyan la
iniciativa legal, pero las Administraciones
autonómicas y municipales reclaman un mayor peso en su configuración,
pues de ellas
depende la garantía efectiva de las prestaciones por la atribución
competencial que el Estado les asignó en
materia sanitaria y de servicios sociales. Esta es una de las conclusiones
principales que los asistentes al
I CONGRESO NACIONAL DE DEPENDENCIA (*) coincidieron en destacar en los
amenos y polémicos debates que Actualidad
del Derecho Sanitario adelanta en esta primera entrega del informe de las
jornadas.
REF. 47/06
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SENTENCIAS
CIVIL
El
consentimiento es obligatorio aunque el paciente sea la esposa del cirujano
La
mujer de un cirujano será indemnizada por éste con 112.577,
24 euros al no haber sido informada de las posibilidades y
riesgos de una intervención para extirpar un quiste
sebáceo en el cuello que, según la sentencia, cualquier licenciado
en medicina es capaz de realizar por ser “banal”.
La sentencia acepta
una pericial que afirma que la sección del
nervio espinal ocurrida durante la operación es un
riesgo frecuente en este tipo de intervenciones.
La
resolución anuda el defecto de consentimiento al incumplimiento
de la lex artis ad hoc, a la utilización de una
técnica no recomendable, y a la elección del peor momento
para llevar a cabo la extirpación, dado que existía
una inflamación que multiplicaba el riesgo. Como
la intervención no era urgente, sino que podía retrasarse
el tiempo que fuera necesario, la mejor opción era
esperar a que bajara la inflamación, o intentar eliminarla con
antibiótico, realizar una correcta hemostasia para
tener perfecto acceso visual a los tejidos, e incluso suspender
el acto quirúrgico si se consideraba que no podía
llevarse a cabo con todas las garantías. Por todo ello,
la sentencia indemniza con base en el hecho de que la
ausencia de información y la producción de riesgos no conocidos
por el paciente, obligan al cirujano a cargar con
los perjuicios ocasionados.
REF.
48/06
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Otras
sentencias de interés en ADS:
ADS
nº 125 / marzo 2006, pág. 213. Condena por omisión del consentimiento
en una intervención técnicamente correcta.
ADS
nº 124 / febrero 2006, pág. 124. Primera condena por omitir
consentimiento escrito en tratamiento farmacológico de riesgo.
ADS
nº 124 / febrero 2006, pág. 156. Absolución por consentimiento que
informa de riesgo previsible en endoscopia.
ADS
nº 124 / febrero 2006, pág. 150. Responsabilidad objetiva por riesgo
previsible en colonoscopia sin consentimiento previo.
ADS
nº 110 / noviembre 2004, pág. 849. La omisión del consentimiento tiene
plena autonomía como concepto indemnizable.
ADS nº 110 / noviembre 2004, pág. 843. Condena por no combatir la
infección quirúrgica (omisión de consentimiento escrito).
ADS
nº 109 / octubre 2004, pág. 764. Condena a médicos y aseguradora por no
informar del fracaso posible de la vasectomía.
ADS
nº 107 / julio-agosto 2004, pág. 571. Oftalmología / Condena por no
informar del riesgo de empeorar por la intervención.
ADS
nº 104 / abril 2004, pág. 331. Presunción de consentimiento, aunque el
Insalud no pudo acreditar su existencia.
ADS
nº 104 / abril 2004, pág. 316. Polémica doctrinal al exonerar al
Insalud de daño moral por omisión de consentimiento.
ADS
nº 98 / octubre 2003, página 739. Nueva condena por omitir el
consentimiento aunque la técnica quirúrgica fue correcta.
ADS
nº 84 / junio 2002, página 494. Culpa objetiva del Sergas por usar
técnica en desuso y no informar de riesgos previsibles.
Publicar
que un médico carece del título de especialista no atenta al honor profesional
La
difusión en un medio de comunicación de la falta de
titulación de especialista de una médico de Santander no
atenta contra su honor, según una resolución del Tribunal
Supremo que confirma las sentencias del juzgado y
de la Audiencia Provincial de Santander.
La
demanda fue presentada por una médico contra la Sociedad
de Alergólogos del Norte (Alergonorte) por publicar
esta asociación un anuncio en el Diario Montañés
el 12.12.1995 en el que afirmaba que la facultativa no
estaba en posesión del título de especialista en Alergología.
El caso de la alergóloga de Santander tuvo una
gran repercusión en la prensa médica hacia 1993, año
en que la Audiencia Nacional le reconoció su derecho a
que la Comisión Nacional de Alergología determinase los
requisitos que precisaba para homologar el título francés,
lo que tardó varios años en ejecutarse. Esta demora
acabó con la condena al Ministerio de Educación para
que indemnizase a la médico con 20 millones de pesetas
por daños morales y perjuicios económicos causados por
la “voluntad deliberada de la comisión de impedir
su acceso al título”.
El
conflicto entre la médico y Alergonorte permaneció mientras
se homologaba el título (que finalmente fue concedido
en octubre de 1997), lo que provocó la demanda
por vulneración del honor profesional.
REF. 50/06
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Otras sentencias de interés en ADS:
ADS nº 114 / marzo
2005, pág. 193. La crítica profesional a un médico en un diario no
lesiona su derecho al honor.
Cirugía
estética / condena por no informar de riesgo remoto e inevitable
Silenciar
al paciente el riesgo remoto e inevitable, pero
posible, de que se produzca un daño menoscaba su autonomía
de decisión y supone, por tanto, una infracción del
deber de información indemnizable en supuestos de
cirugía estética.
La
sentencia del Tribunal Supremo, tiene interés desde
el punto de vista jurídico por varios motivos: por un
lado, el alto tribunal revoca la sentencia de primera instancia
y la de la Audiencia de Vizcaya porque no valoraron el
caso conforme a la línea jurisprudencial consolidada, que
en los supuestos de cirugía estética exige una mayor
garantía del resultado, y un reforzamiento de la información,
ampliable a riesgos previsibles aunque improbables.
Por otra parte, la interpretación que hacen el
juzgado y la Audiencia de las secuelas varía en relación con
la del Supremo. Mientras que aquéllas ligaban la
hipertrofia o queloide de la de la cicatriz (en el labio inferior
y en el mentón) a la predisposición genética de la
piel de la paciente, el Supremo afirma que es, además, una
consecuencia de la intervención conocida por la ciencia
médica con independencia de que el acto médico sea
correcto. Ello excluye de responsabilidad por la intervención,
pero no de la culpa por omisión de informar de
un riesgo posible que traslade a la paciente la decisión
de ser intervenida. La indemnización por el defecto
de información ligado a las secuelas es de 60.000
euros.
REF. 51/06
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Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 122 / diciembre 2005, pág. 892. Indemnización por perjuicio
estético en mamas en acto con consentimiento.
ADS
nº 121 / noviembre 2005, pág. 789. Cirugía estética / El médico
responde por daño atípico no descrito en el consentimiento.
ADS
nº 99 / noviembre 2003, pág 816. Cirugía estética: la información de
riesgos no actualizada es nula. Daños por implante de silicona.
ADS
nº 99 / noviembre 2003, pág. 819. Prótesis de silicona: el cirujano no
responde de efectos adversos conocidos años después.
ADS
nº 89 / diciembre 2002, pág. 902. Estética / Condena por operación
desastrosa de mamas con consentimiento genérico.
ADS
nº 86 / septiembre 2002, pág. 640. Estética / Condena por no informar
del riesgo de lesión irreversible (técnica laser de depilación).
ADS
nº 40 / junio 1998, pág. 313. CIVIL. No informar de complicación
frecuente en cirugía estética es indemnizable. Implante de silicona.
ADS
nº 18 / junio 1996, pág. 426. PENAL. El daño por usar productos no
autorizados es imprudencia temeraria (silicona no autorizada).
ADS
nº 12 / diciembre 1995, pág. 782. Otra condena penal a médico por
aplicación de silicona en los labios de paciente.
ADS
nº 1 / en.1995, pág. 15. Vasectomía fallida. Condena por falta de
información de riesgos. STS 25 abr. 1994. Ponente.: Albácar López.
El
supremo condena por culpa objetiva al surgir una infección en el postoperatorio
La
doctrina sobre daño desproporcionado ha servido al Tribunal
Supremo para condenar por el daño de atelectasia del
lóbulo medio del pulmón derecho surgido en el postoperatorio
por un proceso infeccioso.
Estas
secuelas, que dificultan la respiración y limitan cualquier
actividad de la paciente que requiera esfuerzo físico,
son consecuencia de una infección atribuible al hospital,
mantiene el Supremo al negar la afirmación del Insalud
de que se trataba del devenir natural de la enfermedad después
de una intervención que la entidad calificó de
correcta.
Para
el tribunal, la responsabilidad del Insalud se impone
de forma “prácticamente objetiva” si se revela que
el defectuoso funcionamiento tiene como resultado un
daño desproporcionado en relación con el escaso riesgo que
en principio tenía la intervención. Contribuye a la determinación
de la culpa el hecho de que la entidad no aportó
prueba suficiente de que se aplicó toda la diligencia debida
en la intervención practicada en el Hospital Comarcal
de Melilla.
El
Supremo confirma la sentencia de la Audiencia de Málaga,
que condenó a indemnizar a la paciente con 5.000.000
de pesetas. Se confirma también la absolución de
instancia del equipo médico y el gerente del hospital.
REF. 52/06
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Otras sentencias de interés en ADS:
ADS
nº 93 / abril 2003, pág. 322. Condena por omisión de medio diagnóstico
y daño desproporcionado (nódulo sospechoso en mama).
ADS
nº 58 / febrero 2000, pág. 146. La omisión de asistencia especializada
hace culpable al SAS por daño desproporcionado.
ADS
nº 56 / diciembre1999, pág. 714. Culpa virtual del Insalud por daño
desproporcionado tras colecistectomía.
ADS
nº 52 / julio - agosto 1999, pág. 444. Otra sentencia dice que el daño
exagerado es prueba suficiente de culpabilidad.
ADS
nº 48 / marzo 1999, pág. 154. El daño desproporcionado, prueba “aparente”
de culpabilidad del hospital.
ADS
nº 47 / febrero 1999, pág. 99. El daño exagerado hace responsable al
médico a no ser que pruebe lo contrario.
ADS
nº 45 / diciembre 1998, pág. 724. Condena por omisión de medios
diagnósticos y celeridad para atajar una patología grave.
ADS
nº 44 / noviembre 1998, pág. 657. Daños fortuitos: la presunción juega
en contra del médico si no prueba su diligencia. INFORME.
ADS
nº 38 / abril 1998, pág. 171. La culpa médica se presume ante un daño
desproporcionado, dice el Supremo.
ADS
nº 30 / julio-ago.1997, pág. 402. Giro doctrinal: hay que indemnizar
todo daño y probar que el acto fue correcto.
PENAL
La
ruptura del secreto profesional no es delito si el objetivo es proteger la
salud colectiva
Dos
médicos han resultado absueltos en un proceso penal
por delito de revelación de secretos, al observar el tribunal
que su actuación fue lícita y tenía como objetivo asegurar
la salud del propio paciente y de terceros, evitando
un peligro colectivo.
Los
hechos se refieren a que los facultativos enjuiciados tenían
conocimiento de que el demandante padecía Diabetes
Mellitus, ya que en un proceso selectivo actuaron como
tribunal médico diagnosticando esta enfermedad.
Posteriormente,
los demandados conocieron que el candidato
excluido de ese proceso selectivo había pasado a
ocupar un puesto de policía local en virtud de otra selección
de personal, plaza que era incompatible con la enfermedad
padecida por el riesgo para la salud propia y de
terceros. Conocedores de esta situación, los médicos pusieron
en conocimiento de la institución que seleccionó al
funcionario la enfermedad que padecía, lo que le privó
de su puesto en la función pública. Esta actuación de
los facultativos fue respetuosa con el Código Penal y el
Código de Deontología Médica, y no tiene el perfil de delito
de revelación de secretos que constaba en la querella criminal.
Antes al contrario, el silencio de esta situación
quebraría el principio deontológico de protección de
la salud colectiva.
REF. 49/06
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Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 75 / septiembre 2001, pág. 600. Un año de prisión, dos de
inhabilitación y dos millones por revelar el secreto médico.
ADS
nº 50 / mayo 1999, pág. 287. El mero acceso a datos sanitarios sensibles
sin autorización es delito.
Ejercer
de médico con un título extranjero sin homologar es delito de intrusismo
Una
licenciada en medicina con título obtenido en Venezuela
sin homologar en España ha sido condenada por
un delito de intrusismo profesional, y por otro de estafa
documental al firmar una receta con el número de
colegiado de otro facultativo.
La
resolución, que no se pronuncia sobre los hechos, sino
sólo sobre la doctrina relativa a la conformidad del acusado
con la condena, es posiblemente la primera que califica
como delito el hecho de ejercer con un título de medicina
que no ha sido homologado en España.
La
médico ejercía en una empresa privada de servicios de
urgencias, y su condena deriva de diligencias urgentes iniciadas
a instancia del Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Santander. La sentencia no se puede impugnar porque
la demandada aceptó los hechos y las penas
impuestas
por los delitos, renunciando a la posibilidad de
defenderse, por lo que el tribunal aplica la doctrina sobre
“estricta conformidad del acusado”, que impide recurrir
la sentencia.
La
condena por el delito de intrusismo se limita a una multa
de cuatro meses, con una cuota diaria de seis euros y
las costas del juicio. La condena por estafa documental es
de cuatro meses de prisión y multa de cuatro meses con
una cuota de seis euros al día.
REF. 53/06
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Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 116 / mayo 2005, pág. 346. Suspendida la pena de prisión por delito
de intrusismo a médico de clínica estética.
ADS
nº 71 / abril 2001, pág. 258. El delito reincidente de intrusismo en
Odontología, sancionado con una multa.
ADS
nº 66 / noviembre 2000, pág. 713. El médico general que realiza
cirugía estética comete delito de intrusismo.
ADS
nº 53 / septiembre 1999, pág. 507. La homologación del título de
odontólogo impide la condena penal por intrusismo.
ADS
nº 51 / junio 1999, pág. 369. El médico es el único legitimado para
ejercer la homeopatía, dice un juzgado.
ADS
nº 47 / febrero 1999, pág. 114. Prisión para protésico dental por
agregar piezas dentarias sin supervisión del dentista.
ADS
nº 40 / junio 1998, pág. 333. Declaración de Pamplona de la OMC sobre
intrusismo, política sanitaria y eutanasia.
ADS
nº 37 / marzo 1998, pág. 133. Prisión para médico por ejercer de
alergólogo sin tener la especialidad.
ADS
nº 14 / febrero 1996, pág. 94. Condena a prisión por ejercer de
dermatóloga siendo masajista.
ADS
nº 14 / febrero 1996, pág. 116. Condena por intrusismo a un ATS que
ejercía de ginecólogo.
ADS
nº 3 / marzo 1995, pág. 163. No es intrusismo ejercer la estomatología
y estar inscrito sólo en el colegio de médicos.
SOCIAL
La
jubilación forzosa pactada en convenio colectivo es nula, declara otra
vez el Supremo
El
Tribunal Supremo mantiene firme su nueva doctrina que declara nula la
jubilación forzosa aunque se haya pactado
en convenio, tal y como muestra una nueva sentencia que
analiza el Convenio Marco Estatal de Residencias Privadas
de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda
a Domicilio (CMERPPM).
Esta
tendencia doctrinal, de la que informó esta revista en
un artículo firmado por el letrado Daniel Patricio Jiménez
(ver ADS nº 124 / febrero 2006), se hizo patente en
otra resolución del alto tribunal que declaró ilegal la
jubilación forzosa del personal laboral de hospitales públicos
de Madrid prevista en el convenio colectivo de aplicación.
En una nueva sentencia, el Supremo mantiene la
nulidad decretada por la Audiencia Nacional del artículo
38 del convenio de residencias de mayores y servicios de
ayuda a domicilio por regular una materia reservada
a la ley. Este precepto estableció la jubilación forzosa
a los 65 años de edad, salvo que en ese momento no
se hubieran cubierto los periodos de cotización.
La
discusión jurídica deriva de la novación legislativa que
operó en el Estatuto de los Trabajadores la Ley 14/2005
sobre Cláusulas de los Convenios Colectivos Referidas
a la Edad Ordinaria de Jubilación, norma que rehabilitó
las cláusulas de jubilación forzosa de convenios colectivos
anteriores a su entrada en vigor.
Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 125 / marzo 2006, pág. 238. La jubilación forzosa de laborales de
hospitales públicos de Madrid fue ilegal, dice el Supremo.
ADS
nº 124 / febrero 2006, pág. 119. Jubilación y convenio colectivo:
últimas sentencias en la materia. Art. de DANIEL JIMÉNEZ.
ADS
nº 113 / febrero 2005, pág. 123. La jubilación forzosa en el ICS a los
65 años respeta el Estatuto Marco.
ADS
nº 112 / enero 2005, pág. 67. Andalucía / Jubilación forzosa a los 65
años.
ADS
nº 107 / julio - agosto 2004, pág. 592. El complemento de jubilación
puede ser reducido de oficio por el Servicio de Salud.
ADS
nº 100 / diciembre 2003, pág. 1014. Ley 55/2003 del Estatuto Marco del
Personal de los Servicios de Salud.
ADS
nº 87 / octubre 2002, pág. 789. Castilla y León / Acuerdo marco de
ordenación de recursos humanos.
LEX
SANITAS ORO / LEX SANITAS 2001. Murcia / Ley de Personal Estatutario.
LEX
SANITAS ORO / LEX SANITAS 2004. Murcia / Instrucciones para la continuidad
en el servicio activo del estatutario con 65 años.
Efecto
de cosa juzgada: los días de libre disposición trabajados se pagan como
guardia
El
Tribunal Supremo ha aplicado el criterio de “efecto de
cosa juzgada” para confirmar una condena al Servicio Andaluz
de Salud a abonar a una ATS los días de libre disposición
no disfrutados a través del complemento de atención
continuada C de presencia física.
Su
resolución aplica una sentencia firme dictada en un proceso
de conflicto colectivo, que tiene efectos de cosa juzgada
en procesos individuales pendientes de resolución o
que puedan plantearse que versen sobre idéntico objeto,
beneficio jurídico que es posible en la jurisdicción social
y no en la contenciosa. Desestima el recurso presentado
por el Servicio Andaluz de Salud, que intentaba combatir
este criterio alegando que la sentencia dictada en
proceso de conflicto colectivo no podía aplicarse con
carácter retroactivo a reclamaciones anteriores, como
la de autos. El Supremo contesta que no hay efecto retroactivo
de una sentencia que interpreta una norma que
ya regía con anterioridad. De esta forma, la demandante se
beneficia de los efectos de la sentencia del Supremo
del 18 de noviembre del 2002 (cuyo texto y comentario
se publicaron en ADS nº 93/2003), que resolvió un
conflicto colectivo, y se declara su derecho a
cobrar
619,38 euros en concepto de complemento de atención
continuada por horas correspondientes a tres días
de libre disposición no disfrutados, y por horas que superaban
el tope de la jornada máxima anual.
Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 102 / febrero 2004, pág. 174. Ya es doctrina: el Sergas debe pagar la
atención continuada también en vacaciones.
ADS
nº 99 / noviembre 2003, pág, 845. Condenan al Sergas a retribuir la
atención continuada también en vacaciones.
ADS
nº 93 / abril 2003, SAS / Los
días de libre disposición computan como trabajo efectivo para todo el
personal. TS, 18.11.2002.
ADS
nº 82 / abril 2002, pág. 344. Anulada una sentencia que reconoció el
complemento de guardias en días de descanso.
ADS
nº 58 / feb. 2000, pág. 173. Acuerdo sobre retribuciones y jornada del
SAS.
Valencia
/ Los refuerzos tienen derecho a disfrutar los días de libre disposición
El
personal eventual de atención continuada que presta servicios
en centros sanitarios de la Generalidad valenciana
tiene derecho al disfrute de seis días de libre disposición,
según una sentencia del Juzgado de lo Social
nº 5 de Alicante.
La
novedad de la sentencia reside en la aplicación de la
Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario
del Sistema Nacional de la Salud, que establece que
los trabajadores de carácter temporal tendrá el mismo
régimen general que el personal estatutario fijo, “en
cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición”.
Aplica
también la normativa autonómica (el Decreto 137/2003
de la Generalidad valenciana), ya que el derecho a
licencias retribuidas por asuntos particulares se establece
para el personal fijo y para el temporal, aunque en
este caso limitado a la parte proporcional que corresponda de
los seis días de disfrute según el tiempo de servicios prestados.
Por otra parte, conviene recordar que el régimen
de trabajo de los refuerzos ha sufrido mejoras en
los últimos años desde la implantación paulatina en algunas
autonomías de la cotización ininterrumpida y la homologación
salarial. Más concretamente, Castilla y León
fue la primera autonomía en regular la relación laboral
y retributiva del refuerzo.
Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 126 / abril 2006. Efecto de cosa juzgada: los días de libre
disposición trabajados se pagan como guardia.
ADS
nº 102 / febrero 2004, pág. 174. Ya es doctrina: el Sergas debe pagar la
atención continuada también en vacaciones.
ADS
nº 99 / noviembre 2003, pág, 845. Condenan al Sergas a retribuir la
atención continuada también en vacaciones.
ADS
nº 93 / abril 2003. SAS / Los
días de libre disposición computan como trabajo efectivo para todo el
personal. TS, 18.11.2002.
ADS
nº 82 / abril 2002, pág. 344. Anulada una sentencia que reconoció el
complemento de guardias en días de descanso.
ADS
nº 107 / julio - agosto 2004, pág. 622. Castilla y León, primera
autonomía en regular la relación laboral del refuerzo.
NORMATIVA
Madrid
/ Decreto de depósitos de sangre de cordón umbilical
Madrid
ha regulado por primera vez en España las condiciones de funcionamiento
de los depósitos de sangre procedentes de
cordón umbilical a través del Decreto 28/2006. También ha regulado los
requisitos de acreditación de los centros que se dediquen
a este actividad en la Orden 837/2006, norma que se reproduce a
continuación del citado decreto. El depósito de sangre
deberá tener siempre carácter voluntario, sin perjuicio del precio
correspondiente por su conservación, y podrá realizarse en
centros públicos y privados acreditados. El consentimiento de la madre
será obligatorio para el depósito, y la información que se
ofrezca a los interesados será de tipo clínico, incluyendo la
posibilidad de su uso para investigación, las indicaciones según el
estado actual de la
ciencia, el tiempo de almacenamiento y aquellas cuestiones que estén
relacionadas con la utilidad terapéutica perseguida.
La publicación de esta norma se produce cuando todavía está pendiente
la transposición por España de la Directiva 2004/23,
que reguló normas de calidad y seguridad para donación, obtención,
evaluación, procesamiento, preservación,
almacenamiento
y distribución de células y tejidos humanos. Esta norma comunitaria fue
recientemente desarrollada por
la Directiva 2006/17, que estableció los requisitos técnicos para la
donación, obtención y evaluación de células
y tejidos humanos (ver texto íntegro y comentario de esta norma en ADS
nº 124 / febrero 2006).
REF. 57/06 (Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Madrid
/ Orden de acreditación de depósitos de sangre de cordón umbilical
En
desarrollo del Decreto 28/2006, regulador de los depósitos de sangre de
cordón umbilical en Madrid (ver texto en este número
de ADS), la Orden 837/2006 establece los requisitos de autorización de
los centros que se dediquen a esta actividad.
Estas
exigencias serán complementarias a las recogidas en la legislación
vigente de Madrid sobre autorización de centros sanitarios.
De hecho, el procedimiento de solicitud de autorización de los depósitos
se regirá por esa legislación. La Orden 837/2006
establece la estructura física y funcional de los depósitos, el
equipamiento sanitario básico, el personal necesario, y
la exigencia de un sistema de calidad, de un programa de gestión de
riesgos, y de un sistema de protección contra robos. La
recogida y el transporte, la recepción, el análisis y procesamiento, y
el almacenamiento de la sangre son otros de los aspectos
regulados. La información a los usuarios se ofrecerá de forma previa al
consentimiento. El sistema de información guardará
la confidencialidad y seguridad exigida por la legislación vigente. El
sistema de calidad obliga a tener en los
centros toda la documentación relativa a un listado de protocolos de
funcionamiento que especifica la norma.
REF. 58/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Madrid
/ Prestación farmacéutica a pacientes crónicos
La
Consejería de Sanidad ha regulado medidas de mejora de la prestación
farmacéutica a pacientes crónicos dirigidas a jubilados,
o en edad de jubilación, residentes en domicilios particulares o en
centros sociosanitarios. El nuevo decreto también
se refiere a pacientes con enfermedades crónicas graves (lesiones
medulares, minusvalías, físicas o psíquicas invalidantes,
esclerosis múltiple o lateral amiotrófica, espina bífida y
epidermiolisis bullosa. Las medidas de mejora consisten
en facilitar la obtención de recetas para continuar tratamientos sin
desplazamientos innecesarios, y procedimientos
de visado adaptados a las características de los medicamentos y la
duración de los tratamientos.
REF. 59/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Baleares
/ Ley de voluntades anticipadas
La
Ley de Voluntades Anticipadas de las Islas Baleares se suma a las nueve
normas de otras autonomías que han publicado disposiciones
específicas sobre esta materia (con distinto rango legal, unas a través
de ley, y otras en forma de decreto, ver relación
a continuación de esta información). Los Registros de Voluntades
Anticipadas también han sido objeto de normas específicas
en cuatro autonomías (Cantabria, Navarra, Aragón y Cataluña). La
voluntad anticipada es el concepto jurídico más desarrollado
de la Ley 41/2002 Básica ç Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en Materia de Información
y Documentación Clínica. La nueva norma deroga la parte de la Ley 5/2003
de Salud de las Islas Baleares relativa a las
voluntades anticipadas, establece su concepto y contenido, los requisitos
formales para su validez, las condiciones necesarias para
su eficacia plena en un proceso asistencial, y regula el Registro
autonómico. La diferencia cualitativa con respecto
a otras normas reside en que los testigos pueden ser personas con
relación de parentesco o vínculo matrimonial
“por tener un vínculo afectivo mayor”, lo que está prohibido en
otras autonomías (ver, a modo de ejemplo, el
Decreto de voluntades anticipadas de Canarias, a continuación de esta
norma, que impide ser testigo a persona con
relación laboral, patrimonial o de servicios, de parentesco, afinidad,
matrimonio o relación análoga).
REF. 60/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse
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Canarias
/ Decreto de voluntades anticipadas
Con
este decreto ya son once las autonomías que de forma específica han
regulado las voluntades anticipadas. Esta norma de
Canarias difiere de las anteriores en su título refiriéndose a las “manifestaciones
anticipadas de la voluntad”, en lugar de la
terminología más usual de aquéllas, que mencionan “instrucciones
previas” o “voluntades anticipadas”. Como la Ley de Instrucciones
Previas de la Rioja, el decreto de Canarias enfoca su postulado no sólo a
las actuaciones sanitarias que se aceptan
o se rechazan, sino a que el proceso asistencial esté guiado por las
convicciones del interesado ya sean religiosas, éticas
o morales, permitiendo la expresión de opciones vitales y valores
personales. El objetivo es guiar a los profesionales en
situaciones extremas en aras de la seguridad profesional y el respeto de
las libertades personales. Se establece, por tanto, la
obligatoriedad del personal asistencial de comprobar en el Registro la
existencia y vigencia de la voluntad anticipada. Ante las
dudas que pudieran surgir en su interpretación, se prevé la resolución
del caso con asesoramiento del personal médico que atiende
y el representante designado en conjunción, en caso de que sea preciso,
con el Comité de Ética del centro sanitario.
REF. 61/06
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Extremadura
/ decreto de libre elección de médico
Extremadura
ha regulado la libre elección de médico, servicio y centro de salud para
todos aquellos que tengan derecho de
acceso al sistema sanitario público, incluidos menores emancipados o con
dieciséis años cumplidos. Los menores de dieciséis
años realizarán la elección a través de representante legal, oída su
opinión en caso de tener doce años cumplidos. La
libre elección puede efectuarse entre las unidades básicas asistenciales
correspondientes al área de salud del interesado. El
tope de beneficiarios en cada unidad básica asistencial será de mil
ochocientos en medicina de familia y
de mil quinientos en pediatría, cartillas que se podrán rebasar en un
cinco por ciento por razones justificadas.
REF. 62/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse
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LIBROS
Manual
de Derecho Sanitario
En
este manual se pretende ofrecer una obra divulgativa que pueda servir como
introducción al estudio del Derecho Sanitario, a partir
de la cual, el estudioso, o el curioso, pueda llegar a niveles superiores
de conocimiento sobre la materia, dice Josep Corbella y Duch,
experto en Derecho Sanitario y abogado del Hospital de la Santa Creu y la
Santa Pau de Barcelona.
La
obra es el resultado de los trabajos del Corbella dirigidos a los alumnos
de la Escuela de Enfemería
del citado hospital, fruto de su experiencia y conocimiento fraguado en
los distintos foros
de Derecho Sanitario, a los que asiste con asiduidad para impartir
conferencias.
Exceptuando
el capítulo dedicado a la relación jurídica sanitaria, que constituye
el núcleo de la
obra, los restantes son deliberadamente breves. Preceden
a dicho capítulo unos comentarios sobre las normas sanitarias de
carácter general, y le
siguen los que se refieren a la responsabilidad civil y a la
responsabilidad penal, con idéntico esquema
expositivo, ofreciendo, separadamente, unas consideraciones de carácter
general, y, después, un
análisis de las particularidades en el ámbito sanitario, para finalizar
con unos comentarios en torno a las figuras delictivas con
mayor incidencia en la actividad sanitaria.
La Librería
en Internet:
www.actualderechosanitario.com/Lalibreria.htm
Título: Manual
de Derecho Sanitario.
Autor:
Josep
Corbella Duch.
Edita:
Atelier.
Páginas:
214.
Pedidos: La Librería de Instituto de Fomento
Sanitario.
E-mail:
ads@actualderechosanitario.com
Tf.
91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
Régimen
jurídico de la enfermería
Este
segundo libro de Juan Francisco Pérez Gálvez sobre cuestiones
jurídicas del personal
sanitario lo dedica al régimen jurídico de las especialidades de
enfermería.
Introduce
un capítulo sobre la historia de la profesión de enfermería desde sus
orígenes hasta
el nacimiento formal de la titulación, la transformación de los
estudios y su consideración
universitaria. El papel de la profesión en el Sistema Nacional de Salud
y su ubicación en
el actual marco de las profesiones tituladas son temas que preceden
al estudio más
específico de la enfermería de cuidados generales y las
especialidades. El
Derecho internacional, las Directivas de aplicación y la normativa
estatal son recogidas en
el apartado dedicado al enfermero de cuidados generales. Las
especialidades en
el periodo pre y postconstitucional a través de sus aspectos más
relevantes culminan
la
última parte del libro.
La Librería
en Internet:
www.actualderechosanitario.com/Lalibreria.htm
Título:
Régimen jurídico de las especialidades de enfermería.
Autor: Juan
Francisco Pérez Gálvez.
Edita:
Comares.
Páginas:226.
Pedidos: La Librería de Instituto de Fomento
Sanitario.
E-mail:
ads@actualderechosanitario.com
Tf.
91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
SUBIR
CONSEJO ASESOR
Presidente honorífico
Enrique Ruiz Vadillo
Tribunal Constitucional.
Presidente
José Manuel Martínez-Pereda,
Magistrado. Tribunal Supremo.
Vocales
José M. Alvarez-Cienfuegos. Magistrado.
Magistrado del Tribunal Supremo.
José Antonio Seijas Quintana,
Presidente Audiencia Provincial de Asturias.
Santiago Pelayo, Abogado.
Julio Galán Cortés, Abogado. Doctor en Medicina.
Editor Iñigo Barreda
Coordinador Carlos Barreda
Redacción Pablo Parrón
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