SUMARIO MAYO 2006 / ADS Nº 127
INFORME
La remisión a reglamentos de cuestiones básicas afectará a la
seguridad jurídica (II)
I Congreso
Nacional de Dependencia.
SENTENCIAS
PENAL
Reducen la condena al agresor de un médico por no utilizar armas
o instrumentos
Prisión o inhabilitación de un año para dos cirujanos por
extirpar un riñón sano
CONTENCIOSO
Un juez niega que lo contencioso sea competente para litigios laborales
en el SNS
Condena por no obligar al tratamiento ante la negativa de enfermo de
centro penitenciario
La pérdida de una citología condena al Insalud por convicción
judicial, sin probar su culpa
Condena por no trasladar al paciente a un centro con medios
diagnósticos y terapéuticos
La norma que obliga a los laboratorios a comunicar las ventas no es
arbitraria
SOCIAL
Primaria: sentencia contra las jornadas abusivas de 31 horas sin
descanso mínimo
Doctrina del TS: al personal a turno del SAS cobra días de libre
disposición no disfrutados
NORMATIVA
EXTREMADURA / Gratuidad de productos farmacéuticos en pediatría
ARAGÓN / Requisitos de autorización de centros quirúrgicos
CATALUÑA / La dirección clínica, en el Decreto de reforma del ICS
ASTURIAS / Decreto de Consejos de Salud de zona
VALENCIA / Libre elección de facultativo, también en especializada
PAÍS VASCO / Decreto de lista de espera quirúrgica
MADRID / Orden de Comisiones de Cuidados Paliativos
ASTURIAS / Decreto de hemovigilancia
LIBROS
Tratado de Derecho de Muñoz Machado
Administración Pública y salud colectiva
Plan Marco de atención sociosanitaria de Extremadura
BOLETINES
OFICIALES
BOE
Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Valencia
 INFORME
La
remisión a reglamentos de cuestiones básicas afectará a la seguridad
jurídica (II)
Los
expertos reunidos en el I Congreso Nacional de Dependencia (*)
coincidieron en señalar algunas
recomendaciones al Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia. Las más destacables apuntan a que la falta de
carácter básico de la ley afectará a
su seguridad jurídica y a la garantía de las prestaciones mínimas. En
esta línea se manifestó, entre otros, el
catedrático de Derecho Civil Javier Orduña, quien además advirtió
-como el catedrático de Derecho de Trabajo
y Seguridad Social Fernando Valdés Dal-Re- que se “dejan demasiadas
cosas para el desarrollo reglamentario”.
Orduña subraya que la ley debería contemplar un Estatuto Básico de la
Dependencia, sin esperar
al reglamento. Recomienda, por otra parte, que la ley establezca un marco
de actuación concertada, es
decir, un convenio marco de obligado cumplimiento por todas las
autonomías para garantizar la credibilidad, la
justicia y la igualdad. De esta forma, los convenios autonómicos
tendrían que limitarse a la ejecución de
las garantías mínimas, evitando dos situaciones posibles: que un
reglamento establezca condiciones básicas,
y que las leyes autonómicas regulen cuestiones distintas.
REF. 63/06
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SENTENCIAS
PENAL
Reducen
la condena al agresor de un médico por no utilizar armas o instrumentos
La
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha rebajado
la condena impuesta a un paciente por agredir a un
médico en su consulta al valorar como atenuante el hecho
de no utilizar armas o instrumentos durante la agresión.
El Juzgado de lo Penal de Ibiza nº 1 -ver su sentencia en
ADS nº 122 / Diciembre 2005- había condenado al agresor
a un año y tres meses de prisión (por el delito de atentado),
nueve meses de prisión (por el delito de lesiones),
un mes y diez días de multa (falta de lesiones),y doce días de multa por
la falta de daños, más indemnización
por los daños infligidos al médico.
La
Audiencia sustituye la pena de nueve meses de prisión del
delito de lesiones por otra de cuatro meses de prisión,
en aplicación de la atenuante antes mencionada al
considerar el tribunal que los hechos revisten menor gravedad
dado el “limitado alcance de las heridas de la víctima”.
Esta resolución continúa la tendencia judicial de
calificar este tipo de agresiones a funcionarios de la sanidad
pública como delito de atentado en aplicación de los
artículos 550 y 551.1 del Código Penal.
El
facultativo recibió varios golpes y una bofetada, y sus
lesiones requirieron tres asistencias médicas (fototerapia, corticoterapia,
rehabilitación).
REF.
64/06
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Otras
sentencias de interés en ADS:
ADS
nº 122 / diciembre 2005, pág. 897. Delitos de atentado y lesiones por
agredir a un médico en la consulta.
ADS
nº 119 / septiembre 2005, pág. 619. Prisión de dos años por agresiones
e intimidación a dos facultativos.
ADS
nº 116 / mayo 2005, pág. 344. Prisión de seis meses por amenazas de
muerte a una médico en su consulta.
ADS
nº 108 / septiembre 2004, pág. 654. Condena a paciente por una falta de
amenazas a una médico en la consulta.
ADS nº 105 / mayo 2004, pág. 429. Madrid / Orden de Prevención de
Conflictos en los Centros Sanitarios.
ADS
nº 102 / febrero 2004, pág 131. Prisión de un año para un paciente por
amenazas y agresión al equipo médico.
Prisión
e inhabilitación de un año para dos cirujanos por extirpar un riñón sano
La
Audiencia Provincial de La Coruña ha confirmado la
condena a un año de prisión con la accesoria de inhabilitación
para el ejercicio de la medicina por igual
tiempo a dos cirujanos por extirpar el riñón sano de una
paciente.
Se
declara su responsabilidad solidaria al establecer la
indemnización de 90.221 euros a favor de la paciente, y
la subsidiaria del Servicio Gallego de Salud por suceder los
hechos en uno de sus centros.
La
indemnización valora la extirpación del riñón sano,
lo que privó de función renal a la paciente al permanecer el
riñón atrófico que debió ser extirpado, así como
la depresión reactiva, y el perjuicio estético.
Resalta
la interpretación jurídica que hace la sentencia de
la responsabilidad compartida de los dos cirujanos, cada
uno en el ámbito de sus funciones, en un entorno de división
del trabajo y especialización. Así, uno de los cirujanos
tenía la misión de intervenir primero y revascularizar, y
el otro la subsidiaria de extirpar si el primero desestimaba
la posibilidad de revascularización. Ambos incurren en culpa por errar en
la decisión, uno por
extirpar el riñón sano, y los dos por actuar sobre el lado
contrario del cuerpo de la paciente. Se aplica la doctrina sobre
coautoría de la sentencia TS, 3.10.2005.
REF. 65/06
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CONTENCIOSO
Un
juez niega que lo contencioso sea competente para litigios laborales en el
SNS
El
conflicto jurisdiccional por la competencia para juzgar
los asuntos de personal sanitario del sector público se
ha minimizado desde que el Auto del Tribunal Supremo
del 15 de diciembre del 2005 (Sala General, ver
texto de la resolución en ADS nº 122 / Diciembre 2005)
se declarara a favor de lo contencioso.
Pero
todavía hay tribunales que ubican esta competencia en
sede social, como es el caso del Juzgado de lo Contencioso
nº 8 de Madrid, que ha reenviado una reclamación a
la jurisdicción social. Su resolución responde a una
reclamación de un médico interino del Hospital Ramón
y Cajal que recurrió el cese practicado como consecuencia
de la asignación de plazas de especialistas del
2005, y de la incorporación de los titulares de éstas. El
juez de lo contencioso dice no desconocer el criterio de
la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, y aplica la
Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley
de la Jurisdicción
Administrativa, que remiten las cuestiones de
personal a su sede natural, y establecen el principio de “jurisdicción
improrrogable”. También declara que la Ley
55/2003 del Estatuto Marco no atribuye la competencia a
lo contencioso, y que la legislación funcionarial remite
las reclamaciones estatutarias a lo social, sin olvidar que
la asignación de la competencia laboral del artículo 45.2
de la Ley de Seguridad Social no ha sido derogada.
REF. 66/06
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Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 122 / diciembre 2005, pág. 921. (TS, Sala
General) El Supremo cierra el conflicto
competencial en favor de lo contencioso.
ADS
nº 118 / julio-agosto 2005, pág. 551. Sala de
Conflictos del Supremo: los litigios laborales
de estatutarios, a lo contencioso.
ADS
nº 116 / mayo 2005, pág. 359. El conflicto judicial de competencias
paraliza las reclamaciones laborales de estatutarios. Con
comentario especial de SANTIAGO PELAYO.
ADS
nº 113 / febrero 2005, pág. 123. Competencia social / La jubilación
forzosa en el ICS a los 65 años respeta el Estatuto Marco.
ADS
nº 112 / enero 2005, pág. 43. Supremo / La demanda al hospital por
infringir derechos laborales, al orden social.
ADS
nº 112 / enero 2005. Una nueva sentencia remite a lo contencioso la
demanda de un estatutario (TSJ Castilla La Mancha).
ADS
nº 111 / diciembre 2004, pág. 936. Apuesto por lo contencioso. SANTIAGO
PELAYO.
ADS
nº 110 / noviembre 2004, pág. 869. Competencia social / El defecto de
baremación anula una adjudicación por movilidad funcional.
ADS
nº 109 / octubre 2004, pág. 773. Competencia social / La movilidad
funcional obliga al gerente a justificar la causa del cese.
ADS
nº 101 / enero 2004, pág. 53. La movilidad funcional dentro del área de
salud se juzga en lo social, no en lo contencioso.
ADS
nº 100 / diciembre 2003. Ver opinión de los magistrados Luis Gil Suárez
y Juan Ramón Giménez Cabezón en el informe del VII Congreso
de Recursos Humanos en la Sanidad. (Instituto de Fomento Sanitario,
Actualidad del Derecho Sanitario, noviembre 2003).
Condena
por no obligar al tratamiento ante la negativa de enfermo de centro penitenciario
La
Administración penitenciaria está obligada a vigilar por
la salud de los internos, incluso de forma coercitiva si
alguno se niega a someterse a los planes de prevención, diagnósticos
o profilaxis necesarias.
Tal
es la tesis del Tribunal Supremo al analizar una reclamación
de los familiares de un interno fallecido por sida
al negarse en reiteradas ocasiones a recibir los tratamientos propuestos
por el equipo médico.
La
sentencia indemniza con 12.020 euros por responsabilidad patrimonial,
si bien declara que hay concurrencia de
culpas por la negativa del paciente a los tratamientos.
La
culpa del servicio penitenciario se basa en “no
adoptar, exigir e imponer el tratamiento profiláctico recetado
para las infecciones clínicamente detectadas que
aquél se negó a recibir”.
La
actuación desde el punto de vista médico fue correcta,
pero la obligación administrativa del servicio es
poner en marcha las medidas reglamentarias para obtener
del director del centro la autorización oportuna para
imponer el tratamiento obligado. La Administración es
la garante de la salud en los centros penitenciarios, según
la sentencia, y el artículo 45 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria 1/1979 legitima a utilizar medios coercitivos
para proteger la salud.
REF. 67/06
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La
pérdida de una citología condena al Insalud por convicción judicial, sin
probar su culpa
El
extravío de una citología que detectó un carcinoma, y
el consiguiente retraso de un año en el tratamiento ha desencadenado
la responsabilidad del Insalud por estos hechos,
acaecidos en el Hospital Son Dureta desde 1993.
La
demora del tratamiento para la extirpación del carcinoma determinó
la esterilización irreversible por histerectomía (pérdida
de matriz y ovarios) de una mujer de treinta
años, las alteraciones hormonales, el control médico
continuado para controlar complicaciones futuras, y
la depresión que todo ello originó se valora económicamente en
297.392,79 euros, más una suma de 18
euros diarios desde el día en que la lesión se produjo (3
de octubre de 1998) hasta que se acredite el alta
médica definitiva. La resolución añade a la indemnización los
intereses legales por demora en el pago de la
indemnización fijada.
Lo
llamativo de la sentencia del Supremo, en la que actúa
como ponente Margarita Robles Fernández, es que aplica
la condena sin una prueba directa del extravío de la
citología, llegando a establecer la culpa por la convicción de
que hay una probabilidad determinante entre el retraso
imputable a la Administración y el resultado dañoso.
Y ello, a pesar de que confiere mayor valor judicial al
informe de la Inspección Médica -descargando la culpa
del Insalud- que al aportado en la demanda.
REF. 68/06
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Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 124 / febrero 2006, pág. 127. Condena por no informar de anomalía
cromosómica detectada en el diagnóstico.
ADS
nº 123 / enero 2006, pág. 33. Condena por omisión de diagnóstico y
demora injustificada de tratamiento.
ADS
nº 123 / enero 2006. Nueva condena por demora injustificada de
tratamiento de insuficiencia renal.
ADS
nº 120 / octubre 2005, pág. 702. Culpa penal de oncólogo por demora
injustificada del tratamiento.
ADS
nº 120 / octubre 2005, pág. 714. Culpa objetiva de hospital por demora
de pruebas para detectar perforación gástrica.
ADS
nº 117 / junio 2005. Condena a médicos de Urgencias y Digestivo por no
examinar el electrocardiograma.
ADS
nº 114 / marzo 2005, pág. 202. Condena a ginecólogo por demorar el
diagnóstico de un tumor de mama.
ADS
nº 106 / junio 2004, pág. 486. La falta de tratamiento por retraso
diagnóstico es un daño moral indemnizable.
ADS
nº 95 / junio 2003, pág. 504. Condena por ignorar el informe médico que
detectó el carcinoma y no hacer mamografía.
ADS
nº 89 / diciembre 2002, pág. 912. La indemnización más alta en
España, por grave retraso diagnóstico de infección.
ADS
nº 63 / julio-agosto 2000, pág. 526. Condena por demora en realizar una
prueba diagnóstica.
ADS
n º 63 / julio-agosto 2000, pág. 531. Prisión por infravalorar el
cuadro clínico y derivar tarde al especialista.
ADS
nº 12 / diciembre 1995, pág. 776. El retraso injustificado en la
asistencia da derecho a indemnización.
Condena
por no trasladar al paciente a un centro con medios diagnósticos y terapéuticos
La
falta de medios materiales y la consecuente omisión de
diligencia al no trasladar al paciente a otro centro para
practicar una arteriografía son los motivos de condena
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº
10 de Barcelona al
Servicio Catalán de la Salud.
Con
una indemnización de 48.000 euros, el juez valora los
daños morales a la familia por el fallecimiento de una
persona de 79 años de edad, con probabilidades de haberse
evitado si se hubiese en tiempo y forma adecuadas derivado
al enfermo a otro centro.
La intervención
quirúrgica se efectuó en el último momento,
“a la desesperada”, según el juez, y por un médico
no especialista en cirugía vascular, cuando no había
motivo para no realizar el traslado a un centro con medios
y personal especializado. La arteriografía y posterior embolización
habían sido indicadas con la suficiente antelación,
y el aneurisma no fue en la aorta, sino en
la arteriola, lo que disminuía el riesgo de la prueba diagnóstica
y terapéutica prescrita. La responsabilidad de
la Administración es objetiva porque su obligación es facilitar
todos los medios a su alcance para evitar un desenlace fatal.
El Servicio Catalán de la Salud no aportó prueba
alguna sobre los medios de los que disponía, ni que
existiera una “extraordinaria coincidencia en la demanda
de los mismos”. La sentencia es firme.
REF. 69/06
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Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 119 / septiembre 2005, pág. 611. La omisión de un TAC no es
condenable si el daño es inevitable (aneurisma).
ADS
nº 117 / junio 2005, pág. 447. Urgencias / No hacer la radiografía,
impune porque no contribuyó al fallecimiento.
ADS
nº 117 / junio 2005. Condena a médicos de Urgencias y Digestivo por no
examinar el electrocardiograma.
ADS
nº 101 / enero 2004, pág. 22. Clínica condenada por falta de medios
para prevenir el sufrimiento fetal.
ADS
nº 92 / marzo 2003, pág. 273. Condena por error diagnóstico persistente
y una larga lista de espera para pruebas fútiles.
ADS
nº 78 / diciembre 2001, pág. 845. SAS / La omisión de diagnóstico y la
falta de coordinación causaron un daño fatal evitable
ADS
nº 63 / jul.-ago. 2000, pág. 526. Responsabilidad de equipo: condena por
demora en realizar una prueba diagnóstica.
ADS
nº 63 / jul-ago. 2000, pág. 529. La demora de una cesárea por
descoordinación del equipo culpa al Insalud.
ADS
nº 58 / feb. 2000, pág. 146. Otra condena al SAS en un supuesto de falta
de coordinación.
ADS
nº 45 / dic. 1998, pág. 724. Condena por omisión de medios
diagnósticos y celeridad para atajar una patología grave.
ADS
nº 45 / diciembre 1998, pág. 746. La omisión de pruebas diagnósticas
hace responsable al Insalud por crear un riesgo.
ADS
nº 38 /abril 1998, pág. 174. Condena por omitir la prueba diagnóstica
que habría evitado la mastectomía.
ADS
nº 16 / abril 1996, pág. 265. PENAL. El preoperatorio insuficiente en
anestesia es imprudencia temeraria (omisión de radiografía).
La
norma que obliga a los laboratorios a comunicar las ventas no es arbitraria
El
Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de la Federación
Nacional de Asociaciones de Mayoristas Distribuidores
de Especialidades Farmacéuticas y Productos
Parafarmacéuticos (Fedifar)
contra el Real
Decreto 725/2003,
norma que obligó a los laboratorios a comunicar
las ventas a los almacenes mayoristas de medicamentos
financiados con cargo a la Seguridad Social.
También
obligó a los mayoristas a comunicar a la Administración
las unidades suministradas a las oficinas o
servicios de farmacia, e incluso a otros mayoristas, siempre
que compraran especialidades con precios autorizados. Fedifar
consideraba
que la norma adolecía de nulidad
por defectos formales en su aprobación, porque atentaba
contra la confidencialidad de las relaciones comerciales
y el secreto de empresa, por favorecer el doble
precio, y por restringir la importación o exportación de
medicamentos, así como el comercio paralelo. Rechaza
estos argumentos el Supremo, contestando que la
norma pretende la seguridad y la transparencia de las transacciones
en una actividad que financia en parte la Seguridad
Social, con indudable interés público que la Administración
debe defender. Fedifar también alegaba que
la conservación del dato de cada lote es imposible de cumplir,
además de ser una medida desproporcionada y arbitraria,
lo que el tribunal rechaza porque sí hay un mayor
coste y dificultad, pero no es imposible cumplir.
REF. 70/06
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Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 96 / julio - agosto 2003, pág. 600. (RD
725/2003) Sanidad obliga a los laboratorios a
comunicar las ventas de sus medicamentos.
ADS
nº 96 / julio - agosto 2003, pág. 599. Farmacias: nuevo plazo de
adaptación a las normas de calidad de fórmulas magistrales.
ADS
nº 94 / mayo 2003, pág. 453. Galicia / Decreto 244/2003, sobre visado de
recetas previo a la dispensación.
ADS
nº 90 / enero 2003, pág. 94. Sanidad reforma el procedimiento de
autorización de especialidades farmacéuticas.
ADS
nº 90 / enero 2003, pág. 89. Orden 3215 /2002 que regula nuevos
conjuntos homogéneos y precios de referencia para el 2003.
ADS
nº 72 / mayo 2001. Pág. 380. Directiva sobre Ensayos Clínicos.
ADS
nº 64 / septiembre 2000. Orden de 13.07.2000, sobre revisión de
especialidades farmacéuticas, y precios de referencia.
ADS
nº 63 / julio-agosto 2000. RDL 5/2000. Medidas Urgentes Contención Gasto
Farmacéutico Público y Racionalización de Medicamentos.
ADS
nº 60 / abr. 2000, pág. 326. Circular 2/2000 de la Agencia Española del
Medicamento (Directriz de Legibilidad).
ADS
nº 59 / marzo 2000, pág. 245. Orden de 3.03.2000. Actualiza anexo II del
RD 767/1993, de 21 de mayo, sobre evaluación, autorización,
registro
y condiciones de dispensación de especialidades farmacéuticas y otros
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
ADS
nº 53 / septiembre 1999, pág. 535. Real Decreto Ley 12/1999, sobre
precio máximo de medicamentos.
ADS
nº 52 / julio-agosto 1999, pág. 476. Real Decreto 1035/1999, sobre el
Sistema de Precios de Referencia.
SOCIAL
Primaria:
sentencia contra las jornadas abusivas de 31 horas sin descanso mínimo
El
Servicio Andaluz de Salud está obligado a garantizar el
descanso mínimo ininterrumpido de 12 horas entre el
fin de una jornada ordinaria y el comienzo de la siguiente,
máxime cuando éste no se ha disfrutado por la realización
de una guardia, acumulando un total de 24 horas
de dedicación.
En
el caso que resuelve el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº 1 de Jaén, el médico realiza una jornada ordinaria
de 35 horas semanales desde las 8 de la mañana
hasta las 15 horas, a la que debe añadir la correspondiente
a la guardia médica de presencia física, que
comienza a las 15 horas y finaliza a las ocho horas del
día siguiente, permaneciendo en este supuesto 24 horas
en el centro de trabajo.
Como el Servicio Andaluz de
Salud le obligaba a realizar una nueva jornada ordinaria hasta
las 15 horas, el total de tiempo trabajado sumaba
31 horas seguidas sin hacer el descanso diario. La
sentencia aplica el artículo 51 de la Ley 55/2003 del
Estatuto Marco sobre descanso mínimo obligatorio, así
como jurisprudencia que interpreta el mandato de la Directiva
93/104, sobre ordenación del tiempo de trabajo. Los
sindicatos han valorado positivamente esta resolución porque
resulta inconcebible que se reconozca el derecho
a la libranza en especializada, pero no se aplique el
mismo criterio en primaria.
REF. 71/06
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Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 123 / enero 2006. SVS / El exceso de jornada anual se retribuye como
guardia o con descanso compensatorio.
ADS
nº 122 / diciembre 2005, pág. 910. TJCE:
el periodo inactivo de las guardias es tiempo de trabajo (Asunto
Dellas).
ADS
nº 117 / junio 2005, pág. 471. Supremo: la guardia localizada activa da
derecho al descanso de 11 horas diarias.
ADS
nº 117 / junio 2005,pág. 467. Valencia / No se pueden imponer más de
tres guardias sin acreditar la falta de refuerzos.
ADS
nº 116 / mayo 2005, pág. 334. Nuevo éxito de España en la defensa de
la jornada máxima incluyendo guardias inactivas (Cercas).
ADS
nº 114 / marzo 2005, pág. 219. MIR / El Supremo confirma que guardias y
formación no cuentan como jornada.
ADS
nº 108 / septiembre 2004, pág. 682. Funcionarios de Navarra / El lunes
se libra por guardia en sábado y cuenta como trabajo.
ADS
nº 103 / marzo 2004, pág. 271. MIR / Guardias y formación no están
incluidas en la jornada ordinaria.
ADS
nº 98 / octubre 2003, pág. 768 . Sentencia JÄEGER:
TJCE renueva su doctrina al declarar que descanso durante guardia es
trabajo.
ADS
nº 95 / junio 2003. pág. 518. OSAKIDETZA / El Supremo reconoce más
horas de descanso al personal laboral que al estatutario.
ADS
nº 87 / oct. 2002, pág. 778. El Supremo desestima otra demanda de
aplicación de la Directiva sobre jornada.
ADS
nº 85 / jul.-ago. 2002, pág. 585. El Supremo declara inaplicable la
histórica sentencia `Simap´ sobre jornada y guardias.
ADS
nº 78 / dic. 2001, pág. 874. El TSJ Galicia aplica la Directiva y
reconoce el límite de 48 horas incluidas guardias.
ADS
nº 76 / oct. 2001, pág. 696. El TSJ del País Vasco aplica la Directiva
sobre descanso mínimo en el SVS.
ADS
nº 75 / sep. 2001, pág. 632. TSJ Cataluña: “La directiva sobre
jornada máxima no es aplicable al sector sanitario”.
ADS
nº 70 / marzo 2001, págs. 173. La sentencia TJCE sobre guardias: su
incidencia en el SNS (por N. Valcárcel, R. Pérez y F. López).
ADS
nº 69 / feb. 2001, pág. 139. Sentencia SIMAP 3.10.2000.
Las guardias, tiempo de trabajo a efectos de descanso y cómputo anual.
ADS
nº 68 / ene. 2001, pág. 29. TJCE: los médicos pueden reclamar daños
por el retraso en la aplicación de directivas.
ADS
nº 60 / abril 2000, pág. 324. La guardia en sábado da derecho al
descanso mínimo de 36 horas, reitera el Supremo.
ADS
nº 57 / enero 2000, pág. 31. El descanso tras guardia en sábado termina
a las 20,00 horas del lunes, dice el Supremo.
ADS
nº 53 / sept. 1999, pág. 532. Supremo / El descanso de 36 horas,
aplicable a la guardia localizada trabajada en sábado.
ADS
nº 51 / jun. 1999, pág. 384. El MIR tiene derecho a descansar doce horas
tras las guardias, declara el Supremo.
Doctrina
del Tribunal Supremo: el personal a turnos del SAS cobra días de libre disposición
no disfrutados
Una
segunda sentencia del Tribunal Supremo dictada en
unificación de doctrina reafirma que el personal de los
turnos rotatorios y nocturno del Servicio Andaluz de Salud
tiene derecho a una reducción de la jornada máxima
anual en 42 horas correspondientes a los días de
libre disposición.
De
esta forma, el alto tribunal tribunal concede el mismo
trato a este colectivo que al personal del turno diurno
porque se producía una discriminación injustificada. Su
fallo se pronuncia sobre el exceso de jornadas anuales
máximas establecidas para 2001 y 2002 por Acuerdo
de fecha 27 de diciembre de 1999.
Esta
segunda resolución coincide exactamente con el criterio
de otra publicada en el anterior número de ADS
(“Efecto de cosa
juzgada: los días de libre disposición trabajados
se pagan como guardia”), y mantiene el efecto positivo
de cosa juzgada de la sentencia del Supremo del
18 de noviembre del 2002. Ésta resolución tiene la cualidad
jurídica de ser declarativa de derechos al ser dictada
en un proceso de conflicto colectivo; por ello, tiene
efectos sobre procesos individuales pendientes de resolución
o que puedan plantearse sobre idéntico objeto. Aplicada
a la reclamación planteada, confirma el derecho
de una ATS a ser retribuida por días de libre disposición del
2001 y 2002 al no ser disfrutados.
REF. 72/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Otras sentencias de interés en
ADS:
ADS
nº 102 / febrero 2004, pág. 174. Ya es doctrina: el Sergas debe pagar la
atención continuada también en vacaciones.
ADS
nº 99 / noviembre 2003, pág, 845. Condenan al Sergas a retribuir la
atención continuada también en vacaciones.
ADS
nº 93 / abril 2003, SAS / Los
días de libre disposición computan como trabajo efectivo para todo el
personal. TS, 18.11.2002.
ADS
nº 82 / abril 2002, pág. 344. Anulada una sentencia que reconoció el
complemento de guardias en días de descanso.
ADS
nº 58 / feb. 2000, pág. 173. Acuerdo sobre retribuciones y jornada del
SAS.
NORMATIVA
Extremadura
/ Gratuidad de productos farmacéuticos en pediatría
Extremadura
se ha convertido en la primera autonomía en regular la
gratuidad de medicamentos para menores de quince años
que formen parte de familias numerosas extremeñas, así como
para los que sufran una discapacidad importante -con
un grado de minusvalía igual o superior del 33 por ciento-, y
los residentes en Extremadura que padezcan enfermedades
crónicas.
Se trata de facilitar el acceso a este colectivo productos
farmacéuticos para uso pediátrico, siempre que
sean financiables por el sistema sanitario público, estén
incluidos entre los ofertados por el Ministerio
de Sanidad, y sean prescritos por facultativos del Servicio
Extremeño de Salud.
REF. 73/06 (Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Aragón
/ Requisitos de autorización de centros quirúrgicos
Aragón
ha regulado los requisitos mínimos de autorización de
centros y servicios sanitarios donde se realicen
intervenciones quirúrgicas.
La nueva orden establece las definiciones de cirugía menor,
cirugía mayor ambulatoria, cirugía mayor con hospitalización,
cirugía que precisa cuidados especializados o críticos,
anestesia y reanimación, y medicina intensiva. Los
centros sanitarios que estén abiertos y en funcionamiento
dispondrán de un plazo de cuatro años para adaptarse a
la orden, exceptuando los requisitos que para su cumplimiento
requieran hacer cambios en la estructura. Queda
derogada la Orden del 12 de noviembre de 1997 que reguló los
requisitos mínimos de
autorización de unidades de cirugía mayor ambulatoria en
Aragón.
REF. 74/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Cataluña
/ La dirección clínica, en el Decreto de reforma del ICS
El
Instituto Catalán de la Salud ha reformado su estructura
organizativa integrando los órganos de dirección de
atención hospitalaria
y primaria para mejorar el servicio a los ciudadanos. Uno de
los aspectos más destacables de la reforma es
la regulación de la figura de las direcciones clínicas, que
obligará a los profesionales a tomar decisiones que mejoren
los resultados
asistenciales. Los responsables de las direcciones clínicas
dependerán de la dirección gerencia del hospital, y serán
responsables
de los recursos humanos, materiales y económicos del servicio
o grupo de servicios y de las unidades asistenciales integradas
en su área de actividad. Se regulan las condiciones generales
de acceso a los puestos de director clínico, la evaluación
de su
gestión, y su régimen retributivo. La norma también
redefine las competencias de los jefes de servicio y de
sección de
los hospitales para integrarlos en el conjunto de una
dirección clínica. Las disposiciones adicionales crean las
gerencias territoriales
de Gerona, de Lérida, y de Terres del Ebro, y modifican la
composición de los tribunales calificadores de jefes
de servicio y de sección. También se modifica el régimen de
nombramiento de interinidad de jefes de servicio y
sección. Por otra parte, se suprime la figura del adjunto/a
de enfermería de equipo de atención primaria.
REF. 75/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Asturias
/ Decreto de Consejos de salud de zona
Asturias
ha regulado el funcionamiento de los consejos de salud de
zona, órganos de participación comunitaria que tienen
como objetivo colaborar, conocer, orientar, proponer e
informar los programas de salud y las actividades sanitarias
que
realiza el equipo de atención primaria. Entre sus funciones
destacan la de colaborar en la determinación de
los problemas prioritarios de salud, conocer la evolución de
los recursos y valorar su grado de eficiencia, desarrollar
derechos y deberes de los usuarios, e informar el anteproyecto
del plan de salud de área.
REF. 76/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Valencia
/ Libre elección de facultativo, también en especializada
Valencia
es la primera autonomía en regular la libre elección de
médico tanto en primaria como en especializada. Hasta la
fecha sólo dos autonomías han regulado por decreto este
derecho en el ámbito de atención primaria. Navarra lo ha
contemplado
para la especialidad de Obstetricia y Ginecología. Valencia
regula la libre elección en las especialidades de Cardiología,
Cirugía General y del Aparato Digestivo, Dermatología
Médico Quirúrgica y Venereología, Aparato Digestivo,
Endocrinología
y Nutrición, Neumología, Neurología, Obstetricia y
Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología
y Cirugía Ortopédica, y Urología. La elección de
especialista se refiere al ámbito de
adscripción de la zona de salud donde se haya dado cita al
paciente.
REF. 77/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
País
Vasco / Decreto de lista de espera quirúrgica
El
Servicio Vasco de Salud ha regulado por decreto el plazo
máximo de espera para cirugía no programada y no urgente,
excluyendo
las intervenciones realizadas por servicios altamente
especializados, las que no sean financiables por el sistema
público,
y los de cirugía menor. Los plazos de respuesta contemplados
para cirugía oncológica son de 30 días naturales, de 90
para
cirugía cardiaca, y de 180 para otros procedimientos
quirúrgicos. El plazo comenzará cuando se cumplimente
la hoja
de solicitud de intervención quirúrgica del hospital en el
que deba realizarse la intervención. La
norma establece los requisitos de reembolso en el caso de
incumplimiento del plazo de respuesta.
REF. 78/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse
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Madrid
/ Orden de comisiones de cuidados paliativos
Las
Comisiones de Cuidados Paliativos de Área de Madrid tienen la
encomienda de implantar el Plan Integral establecido para
el periodo 2005-2008 en las diferentes áreas sanitarias de la
comunidad. Sus funciones son elaborar el programa coordinado
de atención paliativa de área, efectuar un seguimiento
permanente de éste, difundir su contenido entre los equipos
de primaria y los especialistas, y proponer medidas de mejora
de coordinación entre niveles asistenciales para la
operatividad asistencial. Otra de sus obligaciones será
lograr la colaboración entre primaria y los Comités de
Ética Asistencial.
La composición de la Comisión y su régimen de
funcionamiento son otros aspectos regulados en la nueva orden.
REF. 79/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
Asturias
/ Decreto de hemovigilancia
El
Sistema de Hemovigilancia de Asturias exigirá a partir de su
entrada en vigor que en los centros sanitarios donde se
realicen
transfusiones exista un responsable de hemovigilancia, que
reportará a un coordinador autonómico. Los facultativos
deberán
comunicar al sistema todo efecto adverso, accidentes y errores
relacionados con el tratamiento de la sangre, así como
aquellas
reacciones de los productos sanguíneos que presenten un
riesgo vital para los pacientes. El decreto que lo regula
crea un
Grupo de Hemovigilancia que desarrollará procedimientos de
control organizados y el seguimiento epidemiológico de
los donantes. También crea un Registro de Hemovigilancia
donde se inscribirán los efectos adversos. El Centro Comunitario
de Centro y Tejidos deberá conservar una muestra de suero o
plasma de todos los donantes de sangre.
REF. 80/06
(Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ)
LIBROS
Tratado
de Derecho de Muñoz Machado
El
Tratado del profesor Muñoz Machado constituye la
sistematización y exposición más amplia y
detallada del Derecho Administrativo que se ha hecho en
España en toda la historia de la disciplina. Incluso
a escala europea pocas obras personales pueden parangonarse a
este tratado por su profundidad,
originalidad y erudición. Proyectado como una obra dividida
en cinco volúmenes, ya han
aparecido los dos primeros. El Volumen I, que ha alcanzado
inmediatamente la segunda edición, está
dedicado por entero al estudio del nacimiento de las
instituciones fundamentales alrededor de
las cuales se organizan y actúan los poderes públicos, y el
proceso seguido en los dos últimos
siglos hasta conseguir, paulatinamente, su sometimiento pleno
al Derecho. El Volumen II, que
acaba de aparecer, está dedicado al ordenamiento jurídico.
Explica su estructura y la dinámica de
las normas que lo integran, replanteando la doctrina recibida
sobre el sistema de fuentes.
La Librería
en Internet:
www.actualderechosanitario.com/Lalibreria.htm
Título: Tratado
de Derecho Administrativo y Derecho Público General.
Autor:
Santiago
Muñoz Machado.
Edita:
Iustel.
Páginas:
1.428.
Pedidos: La Librería de Instituto de Fomento
Sanitario.
E-mail:
ads@actualderechosanitario.com
Tf.
91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
Administración
Pública y salud colectiva
La
actividad administrativa en relación con la salud de los
ciudadanos abarca, como es notorio, un
amplio espectro de actuaciones del más diverso tipo, que se
articulan a través de muy diferentes técnicas
jurídicas. Asimismo, son múltiples los elementos
institucionales que actualmente entran
en juego con tal finalidad; por último -y esto ya mucho más
intensamente en el caso específico de
las intervenciones relacionadas con la salud pública-, a
veces resulta inevitable la incidencia de
las acciones administrativas en los derechos fundamentales de
las personas afectadas. Por
otro lado, la actuación pública sanitaria viene
constituyendo un objeto clásico para nuestra parcela del
ordenamiento, que siempre está de actualidad (debido al valor
que trata de preservar), razón por la cual su estudio
-parceladamente y
en conjunto- resulta de interés y utilidad en todo momento.
La Librería
en Internet:
www.actualderechosanitario.com/Lalibreria.htm
Título: Administración
pública y salud colectiva.
Autor: César
Cierco Seira.
Edita:
Comares.
Páginas:226.
Pedidos: La Librería de Instituto de Fomento
Sanitario.
E-mail:
ads@actualderechosanitario.com
Tf.
91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
Plan
marco de atención sociosanitaria en Extremadura
La
Dirección General de Atención Sociosanitaria y Salud de la
Junta de Extremadura ha editado un
voluminoso ejemplar sobre el Plan de Atención Sociosanitaria
2005-2010 en la autonomía. Elaborado
por varios grupos de expertos en salud mental, dependencia, y
cuidados paliativos (y
colaboradores de Antares Consulting), esta obra -muy cuidada
en contenidos y con magnífico aspecto
gráfico- está dirigida por Emilio Herrera Molina, director
general de Atención Sociosanitaria
y Salud. El marco legal de referencia, los conceptos, los
interrogantes, los modelos organizativos,
y las amenazas de separar el espacio sociosanitario como
independiente, así como las
conclusiones completan el trabajo realizado.
La Librería
en Internet:
www.actualderechosanitario.com/Lalibreria.htm
Título: Plan
Marco de Atención Sociosanitaria de Extremadura.
Autor: Dirección
Gral. de Atención Sociosanitaria de Extremadura.
Pedidos: La Librería de Instituto de Fomento
Sanitario.
E-mail:
ads@actualderechosanitario.com
Tf.
91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
SUBIR
CONSEJO ASESOR
Presidente honorífico
Enrique Ruiz Vadillo
Tribunal Constitucional.
Presidente
José Manuel Martínez-Pereda,
Magistrado. Tribunal Supremo.
Vocales
José M. Alvarez-Cienfuegos. Magistrado.
Magistrado del Tribunal Supremo.
José Antonio Seijas Quintana,
Presidente Audiencia Provincial de Asturias.
Santiago Pelayo, Abogado.
Julio Galán Cortés, Abogado. Doctor en Medicina.
Editor Iñigo Barreda
Coordinador Carlos Barreda
Redacción Pablo Parrón
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